El Ayuntamiento de Tulum vuelve a exhibir su rostro autoritario. Esta vez, la víctima fue una vendedora ambulante de chicharrones que denunció ser objeto de acoso sistemático por parte de inspectores municipales y de los elementos del Grupo de Atención a la Violencia (Geavi).
El episodio más indignante ocurrió cuando fue señalada de “explotación infantil”, acusación con la que los agentes intentaron justificar la intervención de una patrulla que pretendía llevarse a su hija y a su sobrina. Las menores, lejos de estar en situación de maltrato, simplemente acompañaban a la mujer después de salir de la escuela, ayudándole a vender frente al supermercado Super Akí
La escena, presenciada por vecinos y transeúntes, desató la indignación colectiva. La comunidad intervino para impedir que los agentes se llevaran a las niñas, exhibiendo así la falta de criterio, la insensibilidad y la violencia institucional con la que opera el Ayuntamiento.
La propia madre aclaró que jamás ha explotado a sus hijas, sino que, como sucede en miles de familias trabajadoras, ellas la acompañan porque no tiene con quién dejarlas tras la jornada escolar. Sin embargo, la autoridad convirtió esa realidad en un delito inexistente.
Para colmo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió un comunicado que, lejos de dar explicaciones, evidenció la falta de preparación y de sensibilidad de los funcionarios. Un texto lleno de justificaciones huecas que confirma lo que muchos ciudadanos ya saben: en Tulum, la autoridad se dedica más a perseguir a vendedores informales que a brindar seguridad real.
El caso deja en el aire una pregunta urgente:
¿A qué intereses responde un gobierno municipal que criminaliza la pobreza mientras abandona la seguridad de sus habitantes?
En tanto, el hostigamiento contra los vendedores ambulantes sigue siendo parte del día a día en Tulum, acrecentando el hartazgo social hacia un Ayuntamiento que no protege, sino que reprime.
