El Congreso del Estado de Quintana Roo, dominado por Morena y sus aliados, vuelve a quedar exhibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que una vez más evidenció los excesos legislativos y la falta de rigor jurídico con la que la mayoría oficialista ha venido aprobando leyes en la entidad.
Esta vez, el máximo tribunal analiza la acción de inconstitucionalidad 29/2025, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción aprobada por el Congreso local en enero. Dicha ley —avalada sin mayor debate— permitía a la Fiscalía geolocalizar personas en tiempo real sin orden judicial ni justificación clara.
El proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García propone limitar esas facultades, al considerar que la legislatura quintanarroense autorizó una forma de espionaje discrecional, disfrazada de combate a la corrupción.
No es la primera vez que la SCJN corrige al Congreso estatal. En lo que va del año, la Corte ha invalidado diversas normas locales por invadir competencias federales o vulnerar derechos fundamentales. Pese a las promesas de “democratizar” el sistema de justicia, la mayoría morenista ha caído en una peligrosa práctica: aprobar leyes al vapor, con sesgo político y sin sustento constitucional.
La CNDH argumentó que el Congreso local otorgó a la Fiscalía facultades indebidas para intervenir comunicaciones privadas y geolocalizar ciudadanos sin criterios definidos. El proyecto del ministro Guerrero advierte que esas medidas constituyen una “habilitación desmedida” que puede derivar en abusos y violaciones a la privacidad.
Además, la ponencia subraya que el Congreso estatal invadió competencias exclusivas del Congreso de la Unión al regular materias penales y administrativas que no le corresponden.
Con este nuevo revés, la SCJN vuelve a poner orden donde el Congreso de Quintana Roo actúa con ligereza. Mientras la bancada morenista presume una supuesta transformación legal, la realidad es que sus leyes no resisten el escrutinio constitucional.
Cada corrección de la Corte no solo exhibe errores técnicos, sino también un preocupante desdén por el Estado de derecho y las garantías ciudadanas. La geolocalización sin control judicial es solo el síntoma de un mal mayor: un Congreso subordinado, improvisado y cada vez más alejado de su deber democrático.
