El caso legal que acompaña a Livia Brito desde hace casi cinco años volvió a activarse, luego de que un magistrado resolvió vincular a proceso a la actriz por el delito de falsedad de declaraciones, una decisión que reactiva un expediente que parecía diluirse con el paso del tiempo.
De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, el magistrado determinó que existen elementos suficientes para que la investigación continúe formalmente en contra de la actriz. La resolución no implica que Brito sea culpable, pero sí abre una nueva etapa judicial que deberá ser resuelta en tribunales.


Cabe recordar que la controversia surgió luego de que Ernesto Zepeda y su abogada Ángela Frías presentaran una denuncia en 2024 debido a que la actriz mintió al declarar ante la autoridad que nunca agredió físicamente al paparazzi.
En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Livia Brito debía pagar una indemnización por daño moral al fotógrafo Ernesto Zepeda tras el proceso legal que comenzó desde 2020. La decisión surgió semanas después de que la intérprete diera a conocer que la SCJN había admitido un amparo en revisión contra la sentencia que la obligaba a indemnizar al paparazzi.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el juicio de amparo que promoví para proteger mi derecho a la privacidad y a la propia imagen”, expresó a través de un video difundido en sus redes sociales.
Desde entonces, no se había dado a conocer mayor información sobre el proceso legal de la actriz de origen cubano hasta su reciente vinculación a proceso por falsedad de declaraciones.
El conflicto se originó en junio de 2020, cuando Livia Brito vacacionaba en una playa de Cancún, Quintana Roo, junto a su entonces pareja. Según la denuncia del fotógrafo Ernesto Zepeda, la actriz lo agredió físicamente, le causó lesiones y dañó su equipo de trabajo.

Videos del altercado circularon ampliamente en redes sociales, generando un debate público sobre los límites entre la privacidad de las figuras públicas y el derecho a la labor periodística. Desde el inicio, Brito sostuvo que actuó en defensa propia y negó haber cometido una agresión intencional.
Cinco años después, el caso sigue abierto y ahora se enfoca en determinar si las declaraciones de la actriz ante la autoridad fueron falsas, un punto clave que podría definir el rumbo final del proceso judicial.






