En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, el Gobierno de México oficializó la histórica reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este 1 de mayo de 2026 marca el inicio formal de una transición que transformará el esquema laboral del país tras más de un siglo sin cambios en la materia.

- Un cambio progresivo hasta 2030
La reforma, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que la reducción no será inmediata, sino que se implementará de manera paulatina para permitir que las empresas ajusten sus procesos productivos sin afectar la economía nacional.
- El calendario oficial de implementación queda definido de la siguiente manera:
- 2026: Se mantiene en 48 horas como periodo de transición y diagnóstico para las empresas.
- 2027: Primera reducción obligatoria a 46 horas semanales.
- 2028: Ajuste a 44 horas semanales.
- 2029: Ajuste a 42 horas semanales.
- 2030: Meta final de 40 horas semanales con dos días de descanso garantizados.

- Reglas claras: Prohibido reducir salarios
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) enfatizó que esta reducción de horas no permite bajo ninguna circunstancia la disminución del salario íntegro de los trabajadores. El decreto también incluye regulaciones más estrictas para el tiempo extraordinario, estableciendo que cualquier excedente que sobrepase los nuevos límites deberá pagarse con un recargo del 300% del salario por hora.
“Este es un acto de justicia social que busca mejorar la salud mental, la productividad y la convivencia familiar de millones de mexicanos”, señaló la dependencia en su comunicado oficial tras la publicación del decreto.

- Periodo de ajuste 2026
Durante el resto de este año (del 1 de mayo al 31 de diciembre), las unidades económicas deberán realizar los ajustes necesarios en sus turnos y plantillas. Se espera que a partir de junio inicien inspecciones informativas por parte de las autoridades laborales para verificar que las empresas cuenten con planes de transición claros hacia el nuevo esquema que debutará formalmente el 1 de enero de 2027.






