Javier Tun Jiménez señala al coordinador de jueces penales, Manuel David Montoya Absalón, por presuntamente influir en resoluciones judiciales; asegura que presentó quejas ante el Tribunal de Disciplina y exige investigar posibles abusos de poder
Playa del Carmen, Quintana Roo.— ¿De qué sirve que una víctima reúna pruebas, pague abogados y enfrente un proceso judicial si sospecha que la decisión ya está condicionada por intereses ajenos a la justicia? Esa es la preocupación que puso sobre la mesa el abogado litigante Javier Tun Jiménez, quien denunció públicamente presuntas irregularidades en los juzgados penales de Playa del Carmen y exigió que las autoridades judiciales investiguen los hechos.
El abogado Javier Tun Jiménez señala al coordinador de jueces penales, Manuel David Montoya Absalón, por presuntamente influir en resoluciones judiciales; asegura que presentó quejas ante el Tribunal de Disciplina y exige investigar posibles abusos de poder. https://t.co/soiSHypPiB
— Playaaldia (@playaaldia) October 13, 2026
El abogado dirigió sus señalamientos contra Manuel David Montoya Absalón, coordinador de jueces penales, a quien acusó de presuntamente influir en el sentido de las resoluciones y dar instrucciones a otros juzgadores sobre cómo resolver determinados asuntos.
Durante una entrevista con medios de comunicación, Tun Jiménez también mencionó al juez de juicio oral Hugo Uribe Nicolás y a la jueza de control Shadon Jiménez Muñoz, a quienes relacionó con las presuntas irregularidades que denunció.
El litigante afirmó que ya presentó quejas ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de Quintana Roo y sostuvo que cuenta con elementos para respaldar sus acusaciones. No obstante, el contenido de esas pruebas y el alcance de las quejas deberán ser revisados por las instancias competentes.
Presuntos abusos de poder bajo la lupa
Las acusaciones planteadas por Tun Jiménez apuntan a un problema que, de comprobarse, sería especialmente grave: que la jerarquía dentro de los juzgados se utilice para presionar o condicionar las decisiones de quienes deben resolver los casos con independencia.
El abogado sostuvo que Montoya Absalón presuntamente tendría influencia sobre otros jueces y cuestionó que una figura de coordinación pudiera convertirse, en los hechos, en un centro de poder sobre las resoluciones penales.
La gravedad de estos señalamientos exige algo más que declaraciones públicas: una investigación seria, revisión de los expedientes y una respuesta institucional que permita determinar si existieron presiones indebidas o conductas contrarias a la ley.
Porque la justicia no puede depender de amistades, influencias, jerarquías mal entendidas ni intereses particulares. Quien tenga facultades para intervenir en la administración judicial debe ejercerlas dentro de los límites legales, no por encima de ellos.
Propiedades en disputa y víctimas que podrían quedar desprotegidas
Uno de los puntos más delicados de la denuncia tiene que ver con litigios relacionados con propiedades que, según el abogado, podrían involucrar documentos o firmas presuntamente falsificados y posibles irregularidades en operaciones inmobiliarias.
Tun Jiménez advirtió que una persona que pierde su patrimonio en una disputa judicial puede enfrentar no solamente un daño económico, sino también un desgaste emocional y años de procedimientos para intentar recuperar lo que considera suyo.
También señaló posibles vínculos entre personas involucradas en operaciones inmobiliarias irregulares y funcionarios judiciales. Sin embargo, estas afirmaciones no deben considerarse hechos acreditados mientras no existan pruebas verificadas y determinaciones de las autoridades.
Si se acredita que algún funcionario favoreció indebidamente a una de las partes, el asunto no podría reducirse a una simple diferencia de criterios jurídicos: tendría que investigarse y, en su caso, sancionarse conforme a la ley.
La corrupción judicial, cuando existe, golpea dos veces a las víctimas: primero por el daño que sufren y después por la pérdida de confianza en las instituciones que deberían protegerlas.
Exigen que el Poder Judicial deje de mirar hacia otro lado
El abogado pidió la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas, para que se revisen los señalamientos relacionados con los juzgados penales de Playa del Carmen.
Asimismo, llamó al Tribunal de Disciplina a analizar las quejas presentadas y determinar si existen elementos para abrir o continuar procedimientos contra los funcionarios mencionados.
La exigencia es concreta: que las denuncias no terminen archivadas sin una revisión efectiva, que se examinen las pruebas y que se informe, dentro de los límites legales, sobre las actuaciones que correspondan.
La ciudadanía tiene derecho a esperar que los jueces resuelvan con autonomía, imparcialidad y apego a la ley. También tiene derecho a exigir que las sospechas de corrupción sean investigadas sin privilegios ni protección por cargo, antigüedad o relaciones políticas.
“Que no se queden callados”, pide a otros abogados
Tun Jiménez exhortó a otros litigantes y ciudadanos que consideren haber enfrentado irregularidades a denunciar por las vías institucionales. Afirmó que algunos abogados le han compartido experiencias similares, aunque no presentó públicamente un registro verificable que permita establecer cuántos casos estarían involucrados.
El litigante, quien aseguró contar con más de 27 años de trayectoria en Playa del Carmen, adelantó que pretende hacer públicos nuevos elementos relacionados con sus acusaciones en las próximas semanas.
Los señalamientos, por su gravedad, ameritan seguimiento periodístico y una respuesta de las autoridades judiciales. También es indispensable conocer la postura de los funcionarios mencionados, quienes deben tener la oportunidad de responder a las acusaciones.
En un sistema de justicia, nadie debería ser intocable. Si las pruebas confirman actos de corrupción, deben aplicarse las sanciones correspondientes; si las acusaciones no se acreditan, también debe quedar claro. Lo inadmisible sería que una denuncia de esta naturaleza quedara sin esclarecer mientras la ciudadanía sigue esperando justicia.