La concesionaria Desarrollos Hidráulicos de Cancún, conocida comercialmente como Aguakan, encargada del suministro de agua potable y alcantarillado en Playa del Carmen y otras zonas del norte de Quintana Roo, enfrenta una oleada de reportes y quejas por parte de sus usuarios. A través de denuncias ciudadanas, medios de comunicación locales y expedientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se han documentado múltiples irregularidades que merman la calidad de vida de miles de familias en este destino turístico.
Entre las principales inconformidades de la población destacan los incrementos repentinos e inexplicables en los recibos mensuales. Diversos habitantes manifiestan variaciones desproporcionadas en sus tarifas que no corresponden con el consumo real registrado por los medidores domésticos. Asimismo, se han formalizado quejas por el presunto cobro de “aire en las tuberías” tras concluir labores de mantenimiento, así como la emisión de facturas íntegras correspondientes a periodos donde el servicio estuvo suspendido.
A la par de las anomalías en el cobro, el desabasto prolongado y las interrupciones constantes se mantienen como una problemática crítica. Vecinos de más de 18 colonias y fraccionamientos reportan lapsos donde el agua llega exclusivamente durante breves horas de la madrugada y con una presión tan baja que apenas fluye en los hogares. La ciudadanía atribuye esta condición a una infraestructura de distribución rebasada por el acelerado crecimiento urbano de la ciudad, acusando la falta de ampliación oportuna de las redes y de tanques de almacenamiento.
La calidad del suministro también se sitúa bajo el escrutinio público debido a reportes frecuentes sobre variaciones en el color, olor y sabor del líquido, el cual llega en ocasiones con presencia de arena o sedimentos. De manera adicional, se han registrado incidentes vinculados al rebosamiento de colectores de aguas negras en áreas cercanas a la franja costera, derivado de deficiencias en el sistema de drenaje sanitario que los prestadores de servicios achacan a la falta de mantenimiento preventivo.
Por otra parte, los trabajos viales realizados por la concesionaria suelen dejar secuelas visibles en las calles. Tuberías expuestas, zanjas mal señalizadas y aperturas en el pavimento que demoran semanas en ser reparadas generan riesgos viales constantes tanto para peatones como para automovilistas.
Frente a las quejas por la lentitud o respuestas evasivas en los centros de atención a clientes, las instancias estatales y federales han tomado acciones. Mientras que la Profeco canaliza los reclamos de carácter comercial, el Gobierno del Estado de Quintana Roo mantiene una batalla jurídica abierta orientada a revocar el contrato de exclusividad de la empresa.
Las autoridades judiciales han analizado diversos amparos promovidos por la firma privada para frenar el decreto que ordena el retiro anticipado de la concesión. En tanto persisten las controversias técnicas y los tribunales emiten resoluciones definitivas, la población local continúa exigiendo el cumplimiento riguroso de los estándares mínimos de continuidad, calidad y cobro justo en un recurso de carácter vital.