Mediante un oficio la Barra de Abogados de la Riviera Maya presentó una queja ante la Fiscalía General del Estado en donde exigen se investiguen las irregularidades.
Presenta la Barra de Abogados de la Riviera Maya A.C un oficio de queja ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo en la cual refieren acerca de irregularidades encontradas en la impartición de justicia en ambas representaciones del Poder Judicial por lo que exigen se investigue.
Mediante el escrito dirigido a Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado y Heiden José Cebada Rivas, Magistrado Presidente, se señala que actualmente existe una preocupación de la sociedad por la falta de certeza y seguridad jurídica en el Estado de Quintana Roo en cuanto a la impartición de justicia esto debido a que se han recibido quejas y señalamientos de los ciudadanos, de que, la Fiscalía General de Estado y jueces están coludidos para seguir con viejas prácticas de corrupción
“La Fiscalía General del Estado, sigue plagada de errores, excesos, arbitrariedades e ilegalidades, provocadas por directores y coordinadores, porque abusaron y siguen abusando de sus funciones, permitiendo que los agentes del ministerio público, en coparticipación de algunos jueces, están realizando un sinfín de actividades contrarias al debido proceso”, señala el oficio.
A través de una rueda de prensa, Leopoldo Cruz Navarro presidente de esta organización que agrupa a un colectivo de abogados litigantes y quien además estuvo acompañado de los licenciados Wendy Elizabeth Flores Salas y Javier de Anda Morales, y el ciudadano Sebastián Balam Campos se expuso los detalles de estas irregularidades.
Derivado de lo anterior, el presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya afirma que, se siguen dando actos de corrupción, aun cuando se dio el relevo en la fiscalía, asumiendo la posición de Fiscal General, Raciel López Salazar.
Asimismo, se mencionó que en el escrito se señala la forma de proceder de los funcionarios, sobre todo en la revictimización de las mujeres afectadas en carpetas judiciales de cualquier tipo de violencia, así como la dilatación en la asignación de fechas de las audiencias y lo que es peor, para desahogar las actuaciones que se requieren, así también, en el caso de aseguramientos de bienes muebles, ya que, para devolverlos piden dinero.
Por lo que destacan sobre la afectación que se le está causando a las mujeres víctimas de violencia en cuanto a la forma de proceder del personal del Centro de Justicia de la Mujer, en donde, solo les “dan vueltas” a las carpetas de investigación, para cansar a las víctimas, ya que las carpetas que son iniciadas, pero por falta de integración, no son judicializadas.
Por otro lado, señalan que tampoco funciona la casa de emergencia, porque según dicen, los que están a cargo, que no tienen personal y se niegan a darle resguardo a la víctima de violencia intrafamiliar, obligándola a regresar al sitio en donde fue violentada.
Por este motivo, es que el ciudadano Sebastián Balam Campos, relató el calvario que ha vivido a lo largo de 2 años, en la carpeta de investigación por estupro y corrupción de menores, en la que su hija es la víctima, ya que al fijar fecha de audiencia para el desahogo de pruebas o demás, estas tardan varios meses, lo que evita que la justicia sea pronta y expedita.
Al señalar que es necesario que el Fiscal General de Justicia y al Magistrado Presidente, como titular del Poder Judicial, soliciten a sus áreas de estadísticas el número de carpetas de investigación y de carpetas administrativas, asimismo exigen que se investigue las razones del porqué ocurren estas cosas, ya que tienen evidencia de que el personal de estas instancias también carecen de elementos necesarios para evitar la corrupción, ya que les hace falta capacitación, personal, buenos sueldos y respuesta a sus necesidades operativas.
En el escrito además señalan que los números estadísticos permitirá se verifique la cantidad de ocasiones en que se difieren las audiencias, las excusas por las que fueron diferidas, el tipo de justificantes que presentan los Ministerios Públicos, e incluso los jueces, ya que precisamente los jueces no imponen medidas de apremio a las partes que no comparecen de forma justificada, pero incluso al parecer están coludidos porque muchas de las veces presentan oficios de último momento para justificar la inasistencia.
“Existen asuntos en donde una audiencia se ha diferido más de 6 ocasiones, sin que se les impongan medidas de apremio”, resalta.
Explican también que en las audiencias de suspensión condicional incurren irregularidades provocadas por ausencias de los Fiscales, ya que, según comentarios del personal, los Fiscales y Jueces se ponen de acuerdo para que el juez no ponga medidas de apremio a los fiscales, provocando o solicitando que los abogados litigantes tengan que darles un incentivo económico para presentarse.
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