En junio del 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó los resultados de un dictamen elaborado tras un arduo trabajo de campo y de gabinete, a efecto de evaluar los impactos ambientales que se derivaban de la extracción industrial de roca caliza por parte de Calizas Industriales del Carmen (CALICA), hoy llamado Sac Tun, en los municipios de Solidaridad y Cozumel.
En dicho dictamen participaron la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y otras áreas y dependencias. Entre las diversas irregularidades detectadas destaca el tema del agua, la calidad del líquido, las alteraciones al flujo regional y síntomas en territorio; y sobre todo, la apropiación ilegal de agua subterránea que a la postre llevaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a retirar dos concesiones con las que contaba la empresa de capital estadounidense; una concesión (12QNR103117/32EQDL1) por los servicios y la otra concesión (12QNR100178) de carácter industrial.
Sin embargo, la empresa filial de Legacy Vulcan lejos de aceptar las conclusiones del dictamen hídrico y el retiro de dichas concesiones, ahora promueve un recurso de nulidad ante la Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que este pasado miércoles fue aceptada la demanda y las pruebas aportadas por CALICA, de tal suerte que la Conagua fue emplazada para presentar su contestación y exhibir el expediente administrativo mediante el cual retiró las concesiones.
Como señalamos al principio, como parte del dictamen que realizó la Semarnat, destacó los daños a la biodiversidad, que por ahora no tocaremos, pero en cuanto al análisis hídrico, se estudiaron 25 cuerpos de agua que hay dentro y en los alrededores de CALICA para determinar los parámetros de calidad del agua, profundidad y los impactos, es decir en el sistema de cenotes la calidad del agua y el flujo regional por la actividad minera.
De entrada se encontraron alteraciones al flujo regional y síntomas en territorio como depresiones en la superficie del suelo, nuevos sumideros por expansión de fisuras hacia la superficie, subsidencia de terreno, es decir grietas; y destaca la apropiación ilegal de agua subterránea en estanques con una retención de agua subterránea de 4.24 km cuadrados y los volúmenes en materia industrial por 1.690 millones de metros cúbicos y en el segundo en materia de servicios por 0.011899 millones de metros cúbicos para un volumen total de 1.70 millones de metros cúbicos. En otras palabras, se detectó una omisión de pago de 136.87 millones de pesos.
En las conclusiones del dictamen hídrico, en resumen, se detectó que existe una interrupción del flujo regional subterráneo por los grandes almacenamientos de agua al interior de CALICA, verificada por la caída del nivel freático del acuífero en cenotes costeros. Asimismo, en estos cenotes costeros, hay un deterioro en la calidad del agua atribuible directamente a la actividad minera; y la modificación de flujo regionales que ha generado subsidencia, grietas y depresiones a lo largo de la carretera federal 307, frente a CALICA, que en zonas cársticas pueden producir un socavón.
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También se detectó que los cuerpos de agua artificialmente creados constituyen una retención de agua subterránea muy por encima del autorizado en las concesiones otorgadas por la Conagua y, finalmente, se identificaron por parte de la empresa faltas de tipo administrativo y fiscal relativos a la declaración y pago de derechos de agua.
Todo esto conllevó a la dependencia a retirarles ambas concesiones y, a pesar de ello, CALICA siente que sus derechos fueron vulnerados a pesar de que quedó claramente demostrado con todos esos análisis el daño ocasionado pues, como mencionamos también, hubo efectos negativos a la biodiversidad, así como a los suelos por la contaminación ocasionada por esta actividad minera.
Pero, al ser aceptada por la Sala Regional del Caribe y Auxiliar esta denuncia, será después de que la Conagua presente el dictamen y las pruebas que sustenten los motivos por los cuales retiró la concesión cuando se analice y se llegue a un resolutivo.
En tanto esto ocurre, no podemos omitir el decreto presidencial para crear un área natural protegida de más de 57 mil hectáreas que incluye los predios de CALICA y que, evidentemente, vienen a complicar la situación de la empresa transnacional.
