El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina siete órganos autónomos, cuyas funciones serán absorbidas por dependencias del Ejecutivo federal. El decreto fue turnado a los congresos locales, donde se prevé su pronta ratificación.
Con 86 votos a favor de Morena y sus aliados del PT y PVEM, frente a 42 en contra de la oposición, la reforma alcanzó la mayoría calificada pese al rechazo de figuras como el senador Javier Corral.
Durante un maratónico debate de más de siete horas, PAN, PRI y MC alzaron la voz en defensa de instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y las comisiones Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía, y Nacional para la Mejora Continua de la Educación, entre otras.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, defendió la reforma calificándola como un “acto de responsabilidad histórica”. Según él, estos organismos han representado despilfarro y duplicidad, y su desaparición permitirá redirigir recursos, como los 32 mil millones de pesos asignados a estas instituciones entre 2018 y 2024, hacia programas sociales prioritarios.
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Desde la tribuna, voces como la senadora morenista Malú Mícher acusaron al INAI de corrupción y opacidad, señalando casos de supuestos gastos injustificados y contrataciones cuestionables. Por su parte, Verónica Camino, también de Morena, subrayó que varias auditorías han evidenciado irregularidades en los órganos autónomos.
En contraste, la oposición advirtió que esta reforma concentra poder en el Ejecutivo, eliminando contrapesos clave. Amalia García, de MC, expresó su indignación y lamentó que México entre en una era de opacidad. Manlio Fabio Beltrones, ex priísta, acusó al gobierno de “revivir al ogro filantrópico”, debilitando la pluralidad estatal.
Guadalupe Murguía, coordinadora del PAN, recordó que estos organismos representan solo el 0.05% del presupuesto federal y forman parte de compromisos internacionales que el Estado mexicano debe honrar.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, urgió a que el decreto sea enviado de inmediato a los congresos locales, marcando el inicio de una nueva etapa para el aparato gubernamental en México.