El año 2025 marcará un punto de inflexión en la historia democrática de México: por primera vez, jueces, magistrados y ministros serán elegidos a través del voto popular. Sin embargo, este evento sin precedentes ya enfrenta retos significativos, especialmente en el ámbito financiero y logístico. La reducción del presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el drástico recorte en el número de casillas proyectadas amenazan con comprometer la participación ciudadana y la legitimidad del proceso.
Un presupuesto insuficiente, un desafío monumental
El INE había solicitado 13 mil millones de pesos para organizar esta histórica elección judicial. No obstante, la Cámara de Diputados aprobó solo el 50% del monto requerido, obligando al Instituto a reducir el número de casillas de 160 mil a 74 mil, menos de la mitad de lo necesario para cubrir el territorio nacional de manera adecuada.
¿Qué implica este recorte?
- Acceso limitado para los votantes:
La drástica disminución de casillas obligará a muchos ciudadanos a recorrer largas distancias para emitir su voto, lo que podría disuadir su participación. - Paralelismos preocupantes:
La experiencia con consultas populares anteriores, como la revocación de mandato de 2022, muestra que una baja cantidad de casillas se traduce en una participación mínima. En dicho ejercicio, la asistencia alcanzó apenas el 18%, muy lejos del 40% necesario para ser vinculante. - Riesgos para la legitimidad:
Aunque los resultados serán válidos desde un punto de vista legal, la falta de una participación robusta podría debilitar el respaldo ciudadano a los nuevos jueces y magistrados, afectando su mandato y la confianza en el sistema.
Elección judicial: ¿innovación o incertidumbre?
El modelo de elección judicial en México no tiene precedentes a nivel nacional ni internacional, lo que añade incertidumbre sobre las expectativas de participación. Algunos analistas lo comparan con consultas populares previas, como:
- La consulta para enjuiciar expresidentes en 2021 (7% de participación).
- La revocación de mandato en 2022 (18% de participación).
Ambos ejercicios estuvieron marcados por una difusión insuficiente y una cobertura limitada en casillas, lo que contribuyó a los bajos índices de participación. Ahora, con un presupuesto aún más reducido, la elección judicial enfrenta el riesgo de cifras similares.
De expectativas a realidades
Inicialmente, se esperaba que esta elección tuviera una participación comparable a la de una elección federal intermedia, rondando el 50%. Sin embargo, los recortes presupuestarios han llevado las proyecciones a un modesto 20%, poniendo en duda la legitimidad del proceso.
Legalidad vs. legitimidad: el verdadero desafío
Desde el punto de vista jurídico, la elección será válida si cumple con los requisitos establecidos. Sin embargo, la legitimidad, entendida como el respaldo ciudadano a los resultados, depende de una participación significativa.
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¿Por qué importa la legitimidad?
La elección judicial busca fortalecer el mandato de los nuevos jueces, magistrados y ministros a través del apoyo popular. Una baja participación podría:
- Debilitar su autoridad: Un respaldo limitado cuestionará su capacidad de representar los intereses ciudadanos.
- Generar desconfianza: La percepción de exclusión o desinterés podría minar la credibilidad del sistema judicial.
¿Qué se puede hacer?
Aunque los retos son evidentes, aún hay tiempo para implementar acciones que fomenten la participación:
- Incrementar el número de casillas:
Ampliar la cobertura, aunque sea parcialmente, facilitaría el acceso al voto. - Campañas de difusión efectivas:
Explicar la importancia del proceso y su impacto en la vida cotidiana podría motivar a más ciudadanos a participar. - Mayor coordinación entre poderes:
La Cámara de Diputados y el Gobierno Federal deben atender las necesidades del INE, garantizando un proceso transparente y efectivo.
Un experimento político de alto impacto
La elección judicial de 2025 no solo representa un desafío técnico y logístico, sino también un experimento político que podría redefinir la relación entre el sistema de justicia y la ciudadanía. A pesar de los obstáculos, este ejercicio tiene el potencial de marcar un antes y un después en la historia democrática de México, siempre y cuando se logre corregir el rumbo y asegurar un proceso que esté a la altura de su importancia histórica.
