Un violento altercado ocurrido el pasado sábado 25 de enero en el hotel Riu Cancún entre turistas nacionales y empleados de seguridad del establecimiento ha generado una fuerte polémica en redes sociales y ha puesto en entredicho la imagen del destino turístico. El incidente, que escaló hasta involucrar a elementos de la Policía Turística de Benito Juárez, ha sido denunciado por la familia afectada como un caso de abuso de autoridad, violencia física y sexual, así como robo y privación ilegal de la libertad.
De acuerdo con el testimonio de Noemí Mosqueda, quien difundió los hechos en redes sociales, la agresión comenzó durante un evento llamado «Neón Party» en el hotel Riu Caribe, cuando su hermano fue golpeado por personal de seguridad tras ser sacado de la alberca. Al intentar defenderlo, tanto ella como su padre fueron sometidos violentamente por más de 15 guardias del hotel. Mosqueda denuncia que, durante el forcejeo, fue tocada en sus partes íntimas, amenazada de muerte y despojada de sus pertenencias de valor, incluyendo un celular, joyas y un Apple Watch.
La situación empeoró cuando llegaron elementos de la Policía Turística, quienes, en lugar de mediar, presuntamente se sumaron a las agresiones. La familia fue trasladada a los separos policiales, donde aseguran haber sido golpeados, amenazados y encerrados durante 36 horas sin acceso a alimentos, agua o notificación formal de los cargos en su contra. Al ser liberados, acudieron a la Cruz Roja, donde se documentaron fracturas, hematomas y lesiones severas, incluyendo la ruptura de la nariz de su padre y hermano.
Ante la gravedad de los hechos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que la Fiscalía General del Estado investigará el caso para determinar responsabilidades. Por su parte, la cadena hotelera Riu emitió un comunicado defendiendo el actuar de su personal y asegurando que cuentan con videos de las cámaras de seguridad que respaldan su versión. Sin embargo, hasta el momento no se ha proporcionado evidencia pública que desmienta las acusaciones de la familia.
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El sector empresarial de Cancún también se pronunció al respecto, lamentando los hechos y haciendo un llamado a evitar este tipo de situaciones que dañan la imagen del destino turístico. Javier Carlos Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, destacó que “no se puede celebrar este tipo de violencia” y pidió que se sigan los procedimientos adecuados para evitar que se repitan casos similares.
Mientras tanto, los elementos de la Policía Turística involucrados han sido separados de sus cargos mientras se lleva a cabo la investigación. Organizaciones defensoras de derechos humanos han instado a las víctimas a presentar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos y han exigido una investigación transparente y expedita.
Este incidente ha reavivado el debate sobre el abuso de autoridad y la violencia en Cancún, un destino que ha enfrentado denuncias similares en los últimos años. Las autoridades han prometido actuar con transparencia y aplicar todo el peso de la ley, pero la presión social y mediática sigue en aumento, exigiendo justicia para la familia afectada.
