El año 2025 marcará un punto de inflexión en la historia democrática de México: por primera vez, jueces, magistrados y ministros serán elegidos a través del voto popular. Sin embargo, este evento sin precedentes ya enfrenta retos significativos, especialmente en el ámbito financiero y logístico. La reducción del presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el drástico recorte en el número de casillas proyectadas amenazan con comprometer la participación ciudadana y la legitimidad del proceso.
El INE había solicitado 13 mil millones de pesos para organizar esta histórica elección judicial. No obstante, la Cámara de Diputados aprobó solo el 50% del monto requerido, obligando al Instituto a reducir el número de casillas de 160 mil a 74 mil, menos de la mitad de lo necesario para cubrir el territorio nacional de manera adecuada.
El modelo de elección judicial en México no tiene precedentes a nivel nacional ni internacional, lo que añade incertidumbre sobre las expectativas de participación. Algunos analistas lo comparan con consultas populares previas, como:
Ambos ejercicios estuvieron marcados por una difusión insuficiente y una cobertura limitada en casillas, lo que contribuyó a los bajos índices de participación. Ahora, con un presupuesto aún más reducido, la elección judicial enfrenta el riesgo de cifras similares.
Inicialmente, se esperaba que esta elección tuviera una participación comparable a la de una elección federal intermedia, rondando el 50%. Sin embargo, los recortes presupuestarios han llevado las proyecciones a un modesto 20%, poniendo en duda la legitimidad del proceso.
Desde el punto de vista jurídico, la elección será válida si cumple con los requisitos establecidos. Sin embargo, la legitimidad, entendida como el respaldo ciudadano a los resultados, depende de una participación significativa.
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La elección judicial busca fortalecer el mandato de los nuevos jueces, magistrados y ministros a través del apoyo popular. Una baja participación podría:
Aunque los retos son evidentes, aún hay tiempo para implementar acciones que fomenten la participación:
La elección judicial de 2025 no solo representa un desafío técnico y logístico, sino también un experimento político que podría redefinir la relación entre el sistema de justicia y la ciudadanía. A pesar de los obstáculos, este ejercicio tiene el potencial de marcar un antes y un después en la historia democrática de México, siempre y cuando se logre corregir el rumbo y asegurar un proceso que esté a la altura de su importancia histórica.
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