Un grupo de empresarios y actores políticos de la región ha presentado una denuncia penal en contra de Josué Felipe Castillo Díaz, a quien acusan de una serie de delitos que incluyen extorsión, fraude, amenazas, robo, daños y los que resulten. La querella fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.
De acuerdo con los denunciantes, Castillo Díaz habría iniciado una campaña sistemática de desprestigio en redes sociales, utilizando páginas de dudosa procedencia para difundir información falsa y difamatoria en contra de empresarios y figuras públicas. Lo que comenzó como una supuesta “cruzada de denuncia” en redes, terminó siendo —según las pruebas aportadas— una estrategia de presión para exigir pagos de hasta 120 mil pesos a cambio de cesar las publicaciones.
El modus operandi descrito por los representantes legales consiste en publicar contenido difamatorio desde cuentas anónimas y luego contactar directamente a las víctimas desde diferentes números telefónicos, exigiendo dinero a cambio de detener el hostigamiento digital. Los abogados argumentan que estos hechos configuran el delito de extorsión, según lo estipulado en el Código Penal de Quintana Roo.
Pero este no es el único antecedente que pesa sobre Castillo Díaz. En los archivos de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género constan al menos dos carpetas de investigación por violencia familiar. Una de ellas —con número FGE/QROO/SOL/11/5914/2020— refiere que el acusado habría agredido físicamente a su entonces pareja embarazada de 35 semanas, propinándole golpes, escupiéndola y presionando su abdomen con la rodilla, lo cual derivó en su detención y una semana de reclusión.
En otro caso documentado —carpeta FGE/QR/SOL/01/476/2018— se detalla que Castillo Díaz presuntamente empujó a otra expareja hacia una carretera para que fuera atropellada y la forzó a ingerir pastillas, provocando la pérdida de un embarazo de ocho semanas.
Además, enfrenta señalamientos por el delito de daños, luego de haber dejado de pagar la renta de un departamento durante ocho meses. Al ser requerido para desocupar el inmueble, se negó reiteradamente. Tras ser desalojado con apoyo de las autoridades, el propietario denunció que el inmueble sufrió daños, fue saqueado y quedaron adeudos en servicios básicos.
Los denunciantes afirman contar con pruebas suficientes —mensajes, audios, capturas de pantalla, contratos y testimonios— que demostrarían la participación directa de Castillo Díaz en los hechos denunciados. Según la legislación vigente en Quintana Roo, los delitos que se le imputan podrían derivar en una sentencia de hasta 15 años de prisión.
Este caso revela una preocupante convergencia entre la violencia digital, la manipulación de redes sociales y la comisión de delitos con fines económicos, en un contexto donde la reputación pública se ha convertido en moneda de cambio. Las autoridades deberán actuar con celeridad para garantizar justicia a las víctimas y evitar que estas prácticas se normalicen.
