Aprueban prisión preventiva para extorsionadores en Quintana Roo

A partir de la reforma constitucional aprobada en el Senado para incluir la prisión preventiva oficiosa en casos de extorsión, Quintana Roo dio su visto bueno por unanimidad. La medida busca garantizar una impartición de justicia más efectiva por parte de las autoridades.

Hugo Alday, integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT), destacó que la extorsión sigue siendo una de las principales problemáticas que afecta a la población en la entidad, por lo que consideró fundamental el fortalecimiento de estas medidas mediante reformas constitucionales impulsadas en colaboración con el Congreso de la Unión.

“La extorsión en Quintana Roo impacta a todos los estratos económicos de nuestra sociedad. Estudios estiman que este delito le cuesta a México 226 mil millones de pesos anuales, lo que representa el 1.25 % del PIB nacional. En nuestro estado, se presenta principalmente en la modalidad de pago de cuotas o ‘derecho de piso’, lo que genera un ambiente de temor e inseguridad para las víctimas”, señaló.

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Alday recordó que, durante la pasada legislatura, se aprobaron reformas que incrementaron las penas por extorsión en Quintana Roo. Sin embargo, explicó que estas medidas necesitaban el respaldo de una reforma que contemplara la prisión preventiva como medida inicial en los casos de este delito.

“El Sistema Penal Oral Acusatorio consideraba la prisión preventiva como última opción dentro de las medidas cautelares, pero nuestra Constitución no incluía el delito de extorsión entre aquellos que ameritaban esta medida de manera oficiosa. Solo en situaciones excepcionales el Estado podía restringir la libertad personal bajo ciertos requisitos”, comentó.

Por tratarse de una reforma constitucional, su implementación requiere la aprobación de al menos 17 congresos locales en todo el país. Con la aprobación del Congreso de Quintana Roo, las autoridades locales tienen ahora un plazo de 65 días para adecuar las normativas correspondientes, mientras que el Congreso de la Unión contará con hasta 180 días para armonizar el marco jurídico con estas reformas.

Esta medida representa un paso decisivo en la lucha contra la extorsión en el estado y el país, ofreciendo un marco legal más sólido para combatir este delito que afecta profundamente a la sociedad y la economía.