Gregorio Valdés
Se consideran como grupos en situación de vulnerabilidad a grupos poblacionales como las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena; en pocas palabras son aquellos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos.
Sin embargo, lo anterior no le importa a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Congreso del Estado de Quintana Roo, Luz María Beristain Navarrete y una de las vocales, Angy Estefanía Mercado Ascencio no tienen ninguna propuesta en favor de tales sectores de la población, a quienes, supuestamente, representan.
En el portal de propuestas del Poder Legislativo local, ninguna de las dos diputadas ha presentado alguna propuesta que coadyuve en mejoría de sus condiciones. En lo que va del ejercicio legislativo ambas diputadas enlistan el grupo de menos productividad y más faltas al recinto legislativo, su centro de trabajo y donde la ciudadanía espera resultados en su beneficio.
En el caso de la diputada local plurinominal, Luz María Beristain Navarrete, conocida en la web como ‘ladysenadora’ se jacta de tener presentadas 22 iniciativas, pero tampoco son propias sino de compañeros de la bancada mayoritaria, que es la del partido en el poder estatal y nacional.
La productividad de la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y nueva aliada de la familia Beristain en Solidaridad, Angy Estefanía Mercado Ascencio, deja mucho que desear, primero porque es de las más faltistas y después porque solo se anexan a las propuestas de otros de sus compañeros de bancada o del partido Morena.
El portal digital del Congreso del Estado de Quintana Roo tiene un listado de iniciativas, propuestas y puntos de acuerdo de cada uno de los diputados. Ahí, la diputada local del distrito X, aparece con 30 iniciativas, de las que solo una es suya y el resto de otros legisladores a las que ella también firma y se toma en cuenta como suya porque aparece su nombre.
Cabe destacar que, en la legislatura pasada, en junio de 2022, los diputados aprobaron reformas a la Ley de Víctimas y la Ley del Instituto de Defensoría Pública de Quintana Roo, que buscaban mejorar la atención judicial que reciben estos grupos considerados vulnerables. La actual legislatura nada hizo para privilegiar al pueblo maya de Quintana Roo.
Pero los diputados estaban obligados a realizar una consulta antes de tomar una decisión y la omitieron, así que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que a los indígenas se les violentaron varios derechos al no ser tomados en cuenta, siendo uno de los grupos vulnerables.
Se crearon medidas tendientes a garantizar que en los procesos o procedimientos en los que intervengan personas indígenas cuenten con asistencia de defensores, traductores e intérpretes, que tengan conocimiento de su lengua y cultura y así hacer efectivo su derecho al acceso a la justicia; sin embargo, el análisis del procedimiento legislativo se advierte que “no se llevó a cabo una consulta previa que cumpliera con los parámetros establecidos”, señaló la CNDH.
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