Columna invitada: La Palabra del Caribe Aguakán se queda sin respaldo federal y podría perder concesión

Han transcurrido casi dos años de litigio en tribunales y décadas de señalamientos por cobros excesivos que han indignado a miles de ciudadanos en Cancún y Playa del Carmen, sin embargo tras años de presión Aguakan ha sido alcanzada finalmente.

La presidenta Claudia Sheinbaum relevó que se explora la posibilidad de comprarle la concesión a la empresa Aguakan en Quintana Roo y rechazó la pretensión de la empresa de 12 mil millones de pesos a cambio de devolver la concesión del agua potable en Cancún y la Riviera Maya.

“Han llegado incluso, a plantear cerca de 12,000 millones, pues eso sería absurdo pagarlo, entonces se está trabajando en las 2 vías”.afirmó la mandataria nacional

En este sentido, la mandataria confirmó que existen otras rutas legales y administrativas para recuperar el control del servicio sin tener que pagar un rescate multimillonario.

Aguakán, que provee servicios de agua potable y alcantarillado a las mayores ciudades turísticas del Caribe mexicano, como son Cancún y Playa del Carmen, mantiene a fuerza un modelo desgastado con décadas de abusos en tarifas y un servicio deficiente, con clientes y ciudadanos inconformes que durante años han denunciado:

• Cobros que no corresponden al consumo real
• Servicios deficientes y fugas sin atención
• Cortes arbitrarios
• Nula transparencia en cómo se calcula la facturación

En este contexto, se debe considerar que Teahuacán —filial operativa de la concesionaria— mantiene desde hace años una política de cobros exagerados, amparada en un contrato blindado que convirtió al agua en un negocio privado sin vigilancia efectiva y con ganancias garantizadas.

Cabe recordar que la concesión a Aguakan fue otorgada en 1993 y posteriormente fue ampliada en 2014 hasta 2053 y se convirtió en una losa para miles de familias que dependen de un servicio básico.

El decreto 195 que fue aprobado por el Congreso de Quintana Roo, apenas en diciembre de 2023, establece que el contrato de agua potable otorgado en 1990 expiró el 31 de diciembre de 2023, anulando con ello el decreto previo de 2014 , año en el que se concedió la ampliación anticipada hasta 2053.

El Gobierno Federal en la actualidad rechaza el pago multimillonario que exige la empresa de agua potable y alcantarillado y finalmente la balanza comienza a inclinarse hacia un escenario diferente; una posibilidad real de recuperar la operación del agua sin someter al erario a una indemnización irracional y envía una señal contundente:

“El agua no es un negocio privado, es un derecho.”

Por primera vez en muchos años, Aguakan verá reducida su capacidad de presión y maniobra y aunque el litigio continúe, la empresa enfrenta un escenario donde sus tácticas legales y financieras ya no encuentran eco en el poder federal.

Durante estos años, miles de hogares han vivido con recibos inflados, cortes injustificados y un servicio muy deficiente que nunca respondió a la ciudadanía, pero ahora algo cambió y es que Aguakan ya no tendrá total libertad y el reloj de la concesión empezó a correr en sentido contrario.