El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas al Código Penal para endurecer las sanciones contra quienes bloquean calles, avenidas o carreteras de competencia estatal. Con estos cambios, cualquier persona que participe en bloqueos podrá ser procesada penalmente de oficio y enfrentará penas de seis meses a cuatro años de prisión, además de multas económicas.
Si bien la modificación de los artículos 182 y 185 Bis está dirigida principalmente a operadores del transporte público, en particular taxistas, que han protagonizado bloqueos y actos violentos en los últimos meses, la medida también afecta a otros sectores sociales que han recurrido a esta forma. de protesta como último recurso para exigir justicia.
Ejidatarios indígenas, motociclistas, madres buscadoras, colonos y ciudadanos que han manifestado su inconformidad en Quintana Roo ahora estarán bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual podrá iniciar procesos penales sin necesidad de una denuncia previa.
Las movilizaciones en vías de comunicación han sido históricamente un recurso para que comunidades marginadas hagan oír sus demandas. Con esta reforma, quienes bloquean vialidades para exigir derechos podrían ser castigados de la misma forma que quienes ejercen la violencia para imponer sus intereses.
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Ejidatarios que han reclamado tierras, motociclistas que se opusieron a la “Ley Chaleco”, vecinos que exigieron servicios básicos o madres buscadoras que cerraron calles en demanda de la localización de sus seres queridos ahora podrían ser considerados delincuentes.
En lugar de atender las causas que llevan a la ciudadanía a bloquear calles, el gobierno estatal adopta una estrategia punitiva que profundiza la desconfianza hacia las autoridades y genera un clima de represión social.
La reforma establece que cualquier alteración o daño a la infraestructura vial será sancionado. Sin embargo, preocupa que no se haga distinción entre protestas pacíficas y actos delictivos. Mientras que algunos taxistas han protagonizado enfrentamientos violentos, ciudadanos que han cerrado llamadas sin recurrir a la violencia podrían enfrentar la misma severidad legal.
Si bien es necesario garantizar la libre circulación, la criminalización de la protesta podría disuadir a sectores vulnerables de expresar sus necesidades, perpetuando la desigualdad y la desatención gubernamental.
Lejos de contribuir a la paz social, esta ley podría escalar el descontento en un estado donde la relación entre ciudadanía y gobierno es cada vez más tensa. Las leyes deben equilibrar el orden público con el respeto a los derechos fundamentales, no convertirse en un instrumento para silenciar el descontento.
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