El pasado lunes 27 de enero, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron su renuncia inmediata e irrevocable. Alegaron una “imposibilidad jurídica” para continuar con su labor en el proceso de selección de candidatos para la elección judicial programada para el 1 de junio.
La dimisión ocurre en un contexto de creciente tensión entre los poderes Legislativo y Judicial, exacerbada por la reforma constitucional que busca transformar el sistema judicial en México.
En un documento publicado en redes sociales, los magistrados Wilfrido Castrejón León, Emma Meza Fonseca, Mónica González Cobiño, Hortencia María Emilia Molina de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo explicaron los motivos detrás de su renuncia.
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Los magistrados asumieron sus cargos con la intención de garantizar un proceso transparente y profesional, pero tras semanas de trabajo concluyeron que las condiciones jurídicas hacían inviable la continuidad del Comité. En el comunicado se lee:
“Presentamos nuestra renuncia con carácter inmediato e irrevocable al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación debido a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso que fue encomendado a este cuerpo colegiado”.
La situación alcanzó un punto crítico cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Senado de la República asumir las funciones del Comité tras un desacato a su instrucción de reanudar actividades.
En sesión privada, con tres votos a favor y dos en contra, el Tribunal determinó que el Senado utilizara el método de insaculación, un sorteo público, para seleccionar a los aspirantes. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que el sorteo se realizará el próximo 4 de febrero, bajo la supervisión de notarios públicos.
El método de insaculación implica seleccionar al azar nombres de aspirantes mediante esferas, asegurando el cumplimiento de plazos establecidos en la reforma judicial. Sin embargo, este enfoque ha generado críticas por prescindir de criterios basados en mérito y capacidades, lo que podría impactar la calidad del proceso.
El TEPJF justificó esta decisión debido a la proximidad del 31 de enero, fecha límite para enviar las listas de candidatos al Senado, pero los cuestionamientos sobre transparencia y calidad persisten.
La renuncia del Comité de Evaluación marca un momento clave en la implementación de la reforma judicial, dejando al Senado con la tarea de resolver la crisis bajo un intenso escrutinio público.
En medio de la polémica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó medidas cautelares que protegen a los exintegrantes del Comité de posibles sanciones por su negativa a acatar el fallo del TEPJF.
El traslado de funciones al Senado sienta un precedente en la relación entre poderes, y mientras algunos lo ven como una solución pragmática, otros advierten del riesgo de comprometer la calidad de los perfiles seleccionados.
El próximo 4 de febrero, el sorteo público pondrá en la mira un proceso judicial que continúa generando debate y controversia.
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