Las senadoras Andrea Chávez (Morena) y Cynthia López rechazaron de manera categórica haber promovido o gestionado el salón de belleza que opera en el segundo piso del Senado de la República, un espacio que ha reavivado el debate sobre la austeridad en el Poder Legislativo.
El establecimiento, equipado con espejos, tocadores, planchas para el cabello y servicios profesionales de maquillaje y tintes, fue reactivado recientemente luego de haber sido clausurado en 2018 bajo el argumento de eliminar privilegios considerados innecesarios.
La polémica escaló tras la difusión de imágenes en redes sociales donde se observa a una legisladora recibiendo un tinte de cabello en horario laboral, lo que detonó una ola de críticas y obligó a integrantes de la bancada oficialista a fijar postura pública.
Ante los cuestionamientos de la prensa, Andrea Chávez aseguró que no tiene relación alguna con la instalación del espacio y respondió a los señalamientos afirmando que ella “se peina en su casa”. En la misma línea, Cynthia López negó haber gestionado el servicio.
Desde la oposición, la senadora panista Lilly Téllez señaló a Chávez como una de las principales usuarias del salón, junto con el excoordinador Adán Augusto López. Ambos rechazaron las acusaciones y calificaron los señalamientos como falsos.
Sin embargo, la controversia tomó un giro interno cuando la senadora del Partido Verde, Juanita Guerra, expresó su “tristeza” y “decepción” al asegurar que quienes hoy niegan vínculos con el salón conocían su funcionamiento e incluso la invitaron a utilizarlo.
“Me ha dado mucha tristeza que ni siquiera una pregunta me hayan hecho”, declaró Guerra, quien calificó la actitud de sus compañeras como una “falta de sororidad”, al sentirse sola frente al escrutinio público tras la difusión del video.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, defendió la existencia del espacio argumentando que las y los legisladores deben estar “bien presentados” para las sesiones. Aclaró que el Senado no cubre salarios ni insumos del salón y que cada legisladora paga directamente por los servicios que solicita.
El caso ha abierto nuevamente la discusión sobre los límites entre la imagen institucional y los compromisos de austeridad que han sido bandera política en los últimos años.
