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Juez invalida el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún

Un Juez de Distrito ha conseguido un amparo a la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) contra de que se implemente el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, esto luego de haberse constatado violaciones a Derechos Humanos.

Por su parte el titular del Juzgado Quinto de Distrito de Quintana Roo, Alfonso Robles Cuétara ha concedido dicho amparo para efecto de ordenar al Ayuntamiento de Cancún, dejar sin efectos el PDU y además reponer el procedimiento garantizando la participación ciudadana.

También se incluyó que este debe hacerse bajo estudios de impacto ambiental.

Asimismo, el Congreso Estatal fue instruido para incorporar a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo, que incorpore la obligación de las autoridades del municipio para que estas cuenten con Atlas de Riesgo así como planes de movilidad para la elaboración de los programas de desarrollo urbano.

De igual manera se instruyó obtener estudios de impacto ambiental así como de capacidad de carga ambiental realizados de manera previa a la autorización de dichos proyectos, obras o acciones urbanísticas de cualquier tipo, esto de acuerdo con el juicio de amparo 995/2022.

Recordemos que fue en octubre del 2022 cuando DMAS señaló al programa de desarrollo urbano de Cancún de haber sido aprobado sin previos estudios de impacto ambiental ni de movilidad y que presuntamente no garantizaba la protección de humedales ni manglares y cenotes.

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En un comunicado dicha organización señaló que el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún había sido aprobado en la oscuridad y la, privilegiando los intereses de particulares y dejando de lado las necesidades y derechos de la sociedad para vivir en una sociedad más segura y sustentable así como resiliente y en un medio ambiente sano.

Recordemos que fue a través de la petición en change.org que se pidió a los ciudadanos sumarse alzar la voz por el freno del programa, aseverando DMAS que de acuerdo con la ley es obligación someter a una consulta pública la propuesta de proyecto pero no fue así en este caso.

 

Créditos:.

Con información de Latinus

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