La mañana de este martes en la ciudad de Cancún, los representantes de los operadores de Uber, Carlos Calzado Calzado y Águeda Esperilla Soto entregaron la solicitud de manera formal, ante la representación del Congreso local.
La acusación en contra de los funcionarios estatales es por desacato a una orden judicial, asociación delictuosa, incitación a la violencia y conflicto de intereses con los sindicatos de taxistas “Andrés Quintana Roo”, de Benito Juárez, y “Lázaro Cárdenas del Río”, de Solidaridad.
“En un acto premeditado y orquestado desde la administración pública estatal, dicen que Uber sigue siendo ilegal. Viene el fallo a favor (de Uber), se publica en el Diario Oficial de la Federación y de todas maneras salen a insistir. El desacato a una orden judicial implica cárcel, y ellos lo saben”.
Así mismo aseguran que con estas afirmaciones están provocando más violencia en el destino turístico y que se ha visto perjudicado por las alertas emitidas por los Estados Unidos, ya que tienen intereses particulares con los sindicatos e incitan a la violencia partiendo de una mentira.
Mencionaron que existen grabaciones que circulan en redes sociales y medios de comunicación, en las que Rodrigo Alcázar Urrutia promete a los taxistas, en el pasado proceso electoral, que la empresa transportista de plataforma no entrará a Quintana Roo, a cambio del apoyo político del gremio.
De igual manera -sostuvieron- Erika Castillo Acosta es socia del sindicato de Cancún, y aun así fue diputada presidenta de la Comisión de Movilidad en la pasada legislatura para favorecer a su gremio; además, le inventaron la Dirección de Gobierno en la presente administración como “premio de consolación” por el ingreso de Uber a la entidad.
Cabe señalar que los denunciantes señalan que Cristina Torres Gómez es la principal impulsora de una campaña mediática engañosa para la ciudadanía, con la que, con premeditación y alevosía, está llamando a la confrontación entre los transportistas.
En el documento está firmado por 10 socios de la aplicación exhortan directamente al presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la XVII Legislatura, diputado Hugo Nieto Alday a que se deshabilite a los tres funcionarios públicos y se les castigue conforme a la ley corresponda.
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