Los grupos Pro Vida dieron a conocer que han tomado la decisión de no proceder en contra de las reformas aprobadas para la despenalización del aborto en el estado. El presidente de la Alianza Identitaria de Quintana Roo Fausto Canto, comentó que se basaron en que la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de acuerdo a su apreciación, no obliga al Congreso a realizar la armonización de ninguna ley o la Constitución en su artículo 131 que protege la vida desde la concepción.
Señaló que su intención al querer participar en el diagnóstico del marco normativo que falta, sobre todo en las modificaciones a la Ley General de Salud del estado, es porque aseguran, que buscarán evitar la gratuidad de la práctica del aborto en las instituciones públicas, ya que esto significaría destinar una partida especial para contar con los recursos necesarios, lo que podría implicar que se descuiden otros rubros que son urgentes de atender, como garantizar la seguridad, mejores calles, infraestructura y servicios de calidad.
“Los quintanarroenses no deben pagar por esta práctica médica ya que cada persona es responsable de sus decisiones, sobre todo ahora con las reformas que fueron aprobadas en el Código Penal del Estado, ya que esto por supuesto implicaría canalizar un presupuesto posiblemente elevado y no queremos pensar en que van a recortar recursos a dependencias importantes y que impedirían dotar de alumbrado, seguridad, mejores vialidades o servicios de calidad, por eso tenemos que ser muy vigilantes de esto.”
Indicó que por el momento no hay claridad sobre la práctica de abortos en la entidad hasta las 12 semanas de gestación y que no se puede criminalizar, ya que además de que no se ha modificado la normatividad en la materia para conocer cómo, cuándo y dónde se podrá interrumpir el embarazo legal, tampoco se han publicado dichas reformas en el Periódico Oficial del Estado.
Por lo pronto, dijo que retomarán la iniciativa para evitar que las mujeres interrumpan su embarazo por algún problema económico, social o familiar y que fue ingresada en la pasada legislatura, sin que hubiera interés por parte de los diputados por atenderla.
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