Un grupo de ejidatarios tomó el control de la administración y los cobros de acceso a la zona arqueológica de Dzibanché-Kinichná, en demanda de que el gobierno federal los indemnice por las 300 hectáreas en donde se ubican dichas ruinas.
Al respecto, Sonia Méndez Lile, comisariada ejidal de Morocoy, localidad ubicada al sur del estado, anticipó que los ejidatarios seguirán haciendo esos cobros hasta que los gobiernos federal y estatal lleguen a acuerdos para saldar esa deuda.
Además, detalló que hasta ahora los ejidatarios han permitido el avance en las obras de recuperación de las zonas arqueológicas que se llevan a cabo, en donde especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) trabajan para la recuperación de algunas áreas de los vestigios arqueológicos de Kinichna-Dzibanche, pero serán los ejidatarios quienes mantengan el control de los accesos, así como el cobro a los visitantes.
Asimismo, anticipó que además del acuerdo de indemnización, los ejidatarios pretenden tener una participación en el cobro a los visitantes de esas zonas turísticas, así como formar parte de la administración, pues pretenden instalar alguna especie de paraderos turísticos en donde pretenden comercializar productos regionales.
De igual manera, los ejidatarios demandan que las autoridades reparen el camino de acceso a su comunidad, el cual fue dañado hace 10 años y aún siguen a la espera de su reparación, y piden que los trabajos de recuperación de las zonas arqueológicas se extiendan hacia su comunidad.
Además, la comisariada comentó que ya tuvieron una primera reunión con autoridades de Fonatur, Sedatu, así como la secretaria de Gobierno Estatal, Cristina Torres, pero están en espera de un próximo encuentro.
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