La estrategia de seguridad en Cozumel es fallida y temen a la verdad, afirma Silvia Peraza tras su liberación

La tarde de ayer se realizó la detención arbitraria de la periodista Silvia Peraza y Gabriel Aguilar cuando comunicaban a través de sus medios informativos un hecho de tránsito, una volcadura que tenía ‘rato’ de haber sucedido sin embargo, a pesar de que no hubieron decesos ni el hecho fue de gravedad continuaba la zona acordonada y cuándo los reporteros informaban a la ciudadanía lo que había ya pasado, fueron privados de su libertad por parte de elementos de Seguridad Pública, quienes llevaron hasta las instalaciones a Silvia y a Gabriel para después ser colocados en una celda de la Fiscalía, no sin antes pasar por alto sus derechos y lastimar con la colocación de las esposas a la comunicadora.

“El policía nos dice, les vamos a llevar ante el juez calificador, ante el juez cívico para que les diga qué fue lo que hicieron mal, cuál fue el delito que ustedes cometieron aquí para que no lo vuelvan a hacer” .

La periodista señaló que sus derechos y de su compañero fueron vulnerados tanto como ciudadanos como al ejercer su labor periodística como a diario lo hacen, tras ser arrestado y abrirles una carpeta en la Fiscalía por lo sucedido.

Con el trato que recibieron, Silvia Peraza lamentó vivir en carne propia la serie de injusticias, cuestionándose el trato que posiblemente reciban los ciudadanos que muchas veces no tiene la oportunidad de alzar la voz y difundir su situación ante una cámara y difundirlo ante la ciudadanía.

“están las cámaras ahí, espero que no digan que las cámaras de los pasillos de ahí no sirven, porque entonces lo mismo pasó cuando Rodrigo Rodríguez Peña por poco mata dos ciclistas y la presidenta municipal lo encubrió a capa y espada y lo mantuvo más de un año y tres meses en el poder a sabiendas que había cometido un delito”.

Tenían miedo de que la gente entrara a Seguridad Pública y porque la presidenta municipal, Juanita Alonso aún estaba en Palacio Municipal, no salía de su oficina porque tenía miedo a la gente concentrada ahí, indicó la Voz de Código Rojo.

 

Tras su amarga experiencia, Silvia Peraza destapa la grave situación por la que atraviesa la Seguridad Pública de Cozumel desde sus entrañas, a cargo del director Luis Alberto Taylor González.

“Es peligroso lo que está sucediendo hoy en la policía de Cozumel, les voy a decir porque, primero arrestos de cualquier persona y le siembran droga, arrestos de personas a las que les alteran sus expedientes para recibir mochadas, hay personas que delinquen aquí en la isla y todo mundo los conoce pero para alterar sus expedientes le siembran drogas si hay muchachos que hacen otras cosas y le siembran droga también entonces, algo grave está sucediendo en Cozumel, su estrategia de seguridad del director Luis Alberto Taylor González es fallida en la isla de Cozumel”.

La comunicadora y directora del medio local de Cozumel “Código Rojo” lamentó la manera en la que se están dando los arrestos en la ínsula al señalar que se efectúan de forma arbitraria.

” la indicación, porque lo dicen los mismos elementos al interior, fuentes internas de la policía, la indicación del director es que se arreste a toda la gente posible, a borrachitos a quien vean en la calle”.

“Ahora voy a creer que son ciertas todas esas notas periodísticas que nos llegaron desde el norte de la república donde lo señalan qué es corrupto y es parte de la delincuencia organizada” externó Silvia.

La reportera Indicó que ya se inició una denuncia y comenzaron las pláticas entre la periodista y organismos de defensa y protección a los derechos humanos y periodistas, ante la violación de los derechos y garantías de los comunicadores, es por ello que Silvia Peraza aseguró que recurrirá ante todos los organismos para que su caso no quede impune.

“Hay que acabar con esta corrupción de los que tienen placas y salen a delinquir”.

Por último, la comunicadora agradeció el apoyo de los habitantes de Cozumel asegurando que debido a la presión ejercida tanto ella como su compañero Gabriel fueron puestos en libertad, siendo que la orden era un arresto por 48 horas.