La ley además refuerza la obligatoriedad para que quienes rentan sus casas a través de estas plataformas para que cuenten con licencia de funcionamiento ante el gobierno del estado.
La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPM&IM) presentó datos sobre el crecimiento de las rentas vacacionales en el Caribe mexicano, según los cuales las unidades en alquiler a través de plataformas tipo Airbnb suman ya más de 64,000, es decir, prácticamente la mitad respecto de las 130,000 habitaciones de hotelería tradicional que tiene todo Quintana Roo.
Los hoteleros expusieron que hay anfitriones con hasta cuatro propiedades en renta, pero existen casos extremos en Cancún donde un sólo dueño posee hasta 234 casas que alquila a través de este tipo de plataformas, lo cual las aleja del concepto de economía colaborativa, para convertirlas en un negocio de hospedaje, pero sin los impuestos ni obligaciones que sí cumple la hotelería tradicional.
Al respecto, Jesús Almaguer, presidente de la AHCPM&IM, expuso incluso que ya hay venta de alcohol en algunas de estas propiedades sin que medie ningún permiso o patente como las que sí deben pagar los comercios que expenden este tipo de bebidas.
“Es muy fácil, a mí que no me cuesta ni licencia de funcionamiento, ya hay Airbnb que vende licor, y no pagan licencia de alcoholes”, dijo.
Según estos datos elaborados por el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac, la hotelería más afectada por esta competencia desleal son aquellas micros y pequeños centros de hospedaje en el centro de Cancún, de los cuales dependen 6,138 fuentes de empleo, tan sólo en el primer cuadro de la ciudad.
De esta manera los hoteleros piden que se haga cumplir lo recientemente aprobado en la reforma a la Ley estatal de Turismo, la cual sugirieron que no se está acatando del todo.
Puso de ejemplo el Registro estatal de Turismo, respecto del cual aseguraron que no se encuentran inscritos la totalidad de quienes ofrecen propiedades en renta vacacional.
- Lo que ya dice la ley
A principios de febrero pasado, el congreso de Quintana Roo aprobó la reforma a la Ley de Turismo de Quintana Roo, la cual endurece la regulación a las plataformas de renta vacacional tipo Airbnb, además de buscar generar más seguridad para los visitantes.
Esta nueva Ley establece multas de más de 100,000 pesos para prestadores de servicios turísticos que no estén inscritos en el Registro estatal de Turismo (Returq).
“Los prestadores de servicios turísticos contarán con un plazo de sesenta días naturales para inscribirse o refrendar su registro, a partir de la fecha de publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado, y/o a partir de que inicien o modifiquen sus operaciones.
“Aquellos que incurran en una omisión dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, serán sancionados con una multa que podrá ir desde 50 hasta 965 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al momento en que se cometa la omisión”, se lee en la ley recién aprobada por el congreso del estado.
El objetivo es obligar a que todos los prestadores, desde hoteles, hasta plataformas de renta vacacional se integren al Returq y se disminuyan fenómenos como el fraude en venta de servicios turísticos.
La ley también refuerza la obligatoriedad para que quienes renten sus casas a través de estas plataformas cuenten con su licencia de funcionamiento ante el gobierno del estado.
También se incorporan obligaciones en el aspecto de seguridad, como contar con una anuencia de Protección Civil para poder operar como renta vacacional, lo cual implica contar con extintor, botiquín y exhibir números de emergencia en los inmuebles en renta.
La reforma aprobada también otorga las atribuciones suficientes para promover la prevención, combate y erradicación de la trata de personas y de la explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo.
Esto es mediante la obligación de quienes rentan sus inmuebles de solicitarle a sus huéspedes la comprobación del parentesco de sus acompañante en caso de que se trate de menores de edad.
Con información de El Economista
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