A través de un comunicado conjunto, múltiples organizaciones defensoras de los derechos de los animales instaron a los legisladores de la Cámara Alta a perfeccionar la iniciativa federal. Aunque coinciden en que se trata de una oportunidad histórica para consolidar un marco jurídico nacional, señalaron que la redacción aprobada en comisiones presenta deficiencias críticas que deben corregirse antes de su votación definitiva en el pleno.
“No estamos en contra de una Ley General de Bienestar Animal. Al contrario, creemos que es una oportunidad histórica. Lo que buscamos es que esta ley nazca fuerte, sin contradicciones y sin permitir retrocesos”, afirmó Susana Ramírez, directora jurídica del despacho Va por sus Derechos, A.C., encargados de realizar el análisis técnico del dictamen.
El análisis jurídico detallado por los especialistas identificó cinco puntos rojos que vulneran la protección de la fauna en el país:
La propuesta central de organizaciones como Generación Vegana México y Va por sus Derechos, A.C. consiste en incorporar una cláusula de salvaguarda que obligue a considerar esta legislación general únicamente como un piso o estándar mínimo de protección. Con ello, se busca garantizar que ninguna entidad federativa se vea forzada a reducir los derechos y conquistas que ya otorga a los animales en sus leyes locales.
“Una Ley General debe convertirse en la base para que todos los estados sigan avanzando, no generar incertidumbre sobre lo que algunas entidades ya consiguieron”, puntualizó Jessica González Castro, directora ejecutiva de Generación Vegana México.
Por su parte, activistas y abogadas independientes lamentaron que el texto final del dictamen ignore los meses de trabajo y las aportaciones entregadas por especialistas en los foros de discusión previos.
Sofía Morín, abogada especialista en derechos animales, externó su preocupación al señalar que muchas de las exigencias sociales no fueron incorporadas, lo que representa un riesgo de desperdiciar una coyuntura clave para robustecer la justicia animal en todo el territorio mexicano. El llamado final se dirigió directamente a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado para realizar las modificaciones puntuales antes del debate en el pleno.
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