La Fiscalía General de la República (FGR) informó que con apoyo de autoridades australianas logró detener en el municipio yucateco de Kanasín a un sujeto que abusaba sexualmente de menores de edad, a quienes grababa en video para posteriormente vender el material en Internet.
De acuerdo con el comunicado, la investigación inició en noviembre del año pasado derivada de una denuncia presentada por la oficina de Enlace Directivo México y Centroamérica, en la Ciudad de México, de la Embajada de Australia.
Las autoridades narraron que los hechos fueron investigados principalmente por un equipo de la Policía de Queensland, Australia, especializado en abuso infantil y delitos sexuales, con relación a material aparentemente producido en el estado de Yucatán, compartido en julio de 2023
Posteriormente las autoridades señalaron que el personal de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) logró la identificación de Josué Raúl “N” quien en un periodo de 10 años habría utilizado las redes sociales como gancho para atraer a niñas, niños y adolescentes con la finalidad de videograbarlos en actos sexuales.
El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), realizó diversas diligencias y obtuvo orden de aprehensión en contra de dicho individuo, la cual fue cumplimentada en coordinación con elementos de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Marina), en un domicilio ubicado en la colonia Mulchechen, en Kanasín.
En el lugar fueron asegurados diversos indicios como tabletas, celulares, tarjetas SIM y Micro SD, así como el inmueble. Ante esto, las autoridades llevaron al hombre ante un juez de control quien en una primera audiencia formuló la imputación por su participación en el delito de trata de personas agravado, en la hipótesis del sujeto activo que induzca por cualquier medio a personas menores de 18 años.
La FGR señaló que la defensa del hombre solicitó la duplicidad de término constitucional para definir su situación jurídica a quien se le ordenó cumplir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social en Mérida, Yucatán.
Con información de Diario de Yucatán
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