Será la primera vez que la comunidad LGBTTTI+ ocupe espacios en el Congreso, gracias a las acciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó y por las cuales los partidos se vieron obligados a postular candidatos de distintos grupos.
Morena tendrá tres de esas cuatro curules. Se trata de tres mujeres que serán diputadas federales y que su trayectoria refleja una lucha a favor de los derechos humanos y en contra de la discriminación y la homofobia: María Clemente García (transgénero), Salma Luévano (transgénero) y Celeste Ascencio (lesbiana).
Movimiento Ciudadano tendrá una diputada suplente, por la primera circunscripción. Se trata de Fernanda Félix, quien es una mujer transgénero.
En enero pasado, el Consejo General del INE aprobó una serie de acciones afirmativas mediante las cuales se obligó a todos los partidos a postular candidaturas para grupos vulnerables, entre las que se incluyen a las personas que pertenecen a la diversidad sexual. La resolución se tomó en medio de presiones de grupos de derechos humanos.
El acuerdo fue impugnado y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE modificar el acuerdo y hacerlo cumplir.
Respecto al caso de las personas pertenecientes a la diversidad sexual, el INE determinó que los partidos políticos nacionales tendrían que postular, cuando menos, dos fórmulas de personas de este grupo en cualquiera de los 300 distritos electorales federales.
Para el principio de representación proporcional debieron postular una fórmula dentro de los primeros 10 lugares de la lista de cualquiera de las cinco circunscripciones electorales.
Con ello, lo que el instituto buscó fue combatir los desequilibrios que han existido en la selección de candidaturas.
El pasado 13 de junio, el Consejo General de la autoridad administrativa electoral dio a conocer que, de esas acciones afirmativas: diversidad sexual, indígenas, afromexicanos, con discapacidad y migrantes, 12% de las curules en la Cámara de Diputados serán ocupadas por ellos. Son cuatro las que corresponden a la diversidad sexual.
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Al respecto, la consejera electoral Carla Humphrey ha declarado que, en lo subsecuente, lo que sigue es lograr implementar esas mismas acciones afirmativas para el Senado de la República, lo que —en su caso— deberá ocurrir para el proceso electoral de 2024.
Cabe destacar que estas acciones afirmativas todavía no se han llevado al terreno de las presidencias municipales, alcaldías, así como gubernaturas.
Para el caso de los gobiernos estatales, lo que se tuvo fueron lineamientos elaborados por el INE para obligar a los partidos políticos a que la mitad de sus candidaturas para ejecutivo recayeran en mujeres.
Por ahora, el proceso electoral se encuentra en fase de impugnaciones y desahogo, a cargo de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Las personas de la diversidad sexual que lograron llegar al Congreso de la Unión para lo que será la 65 Legislatura, que inicia el 1 de septiembre próximo, han declarado en varias ocasiones que su intención es llegar a defender el derecho que tiene esta comunidad a convivir en sociedad, que se les respeten sus derechos humanos y, principalmente, que no sean discriminadas y se les otorguen las mismas garantías que al resto de la población.
De acuerdo con información del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, sólo en 2020 ocurrieron 54 agresiones, entre lo que fue muertes violentas y desapariciones forzadas contra integrantes de esta comunidad.
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