Salvador Padilla, representante legal de un empresario mexicano que residía en Cuidad de Panamá, interpuso la demanda
El abogado Salvador Padilla, presentó este miércoles 15 de diciembre de 2021 una demanda contra el Estado panameño ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, exigiendo un pago de indemnización por 100 millones de dólares por daños y perjuicios en la investigación de su cliente.
Salvador Padilla, representante legal de un empresario mexicano que residía en Cuidad de Panamá, interpuso una demanda contra la República de Panamá, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por diversas violaciones al debido proceso, aprehensiones sin fundamento de bienes y dinero y violar la identidad de su cliente sin datos de prueba o fundamentos de derecho.
La demanda se presentó bajo el principio de definitividad, que implica que no se debe agotar los recursos internos que tiene la legislación Panameña, por resultar ineficaces e insuficientes para garantizar los derechos humanos del empresario.
La cuantía demanda será por una propuesta de 100 millones de dólares como consecuencias de los perjuicios ocasionados en su proceso y el cual detalla las afectaciones y el viacrucis que ha vivido su cliente en los dos años de investigación, que, hasta la fecha de esta nota, no ha arrojado resultado o se ha llegado a una imputación de cargos.
La investigación se lleva a cabo en el Ministerio Público panameño por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada a manos de los fiscales Isis Soto, Marcos Mosquera, Sonia Almengor y Sandy Cedeño.
Los mismos han sido los autores de todas las arbitrariedades y las faltas al debido proceso que el abogado defensor del empresario está acusando y exponiendo ante las cortes internacionales.
Al empresario, se le aprenden dos cuentas de bancarias con 18 millones de dólares, dos residencias y una serie de vehículos de lujo, poco tiempo después al mismo se le inadmite la entrada al país al intentar ingresar en diciembre 2019, después de 36 horas de haberlo puesto en detención en el Aeropuerto Internacional de Tucuman, el mismo que gozaba de residencia permanente de países amigos; este acto no le permitió continuar con su proceso presencial y llevarlo a un limbo jurídico por una investigación en fase investigativa indefinida, todo ello al amparo de una investigación circular realizada fraudulentamente en otro país.
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Parte de su dinero fue transferido arbitrariamente y sin notificarle al Banco Nacional de Panamá, dejando una pérdida económica de 800 mil dólares en interés perdidos, sus vehículos fueron puestos a órdenes de la Dirección de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales están siendo utilizados dejando miles de dólares en multas en el sistema PANAPASS por diputados de la Asamblea Nacional de Panamá; además señalan la desaparición de otros vehículos del cual no se conoce el paradero y la entidad que se encarga de salvaguardarlos (la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF) le niega el acceso a la información y los expedientes se encuentran en reserva permanente.
El equipo legal del empresario está preparando una serie de querellas, demandas y denuncias tanto nacionales como internacionales, a todos los implicados de esta causa, que han sido los autores de este escándalo.
Declaró el empresario: “El momento ha llegado para los buenos panameños y las comunidades internacionales para desinfectar la podrida corrupción que existe en su Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas y las demás entidades públicas de su gobierno”.
Hasta que esto pase y se ponga un alto a todos los funcionarios públicos corruptos de Panamá, ningún inversionista extranjero tendrá una seguridad jurídica en ese país.
