La Policía Nacional de Perú confirmó el martes pasado que uno de sus miembros, identificado como José Luis Soncco Quispe, murió durante el pasado lunes 9 de enero tras ser quemado, presuntamente por manifestantes, mientras realizaba un patrullaje en Juliaca, región de Puno, el epicentro de las protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte.
“Se constituye al lugar de los hechos la Policía y constata que un policía fue golpeado y maniatado y el otro, el subalterno de segunda José Luis Soncco Quispe, ha fallecido, ha sido quemado vivo en su patrullero”, aseguró el primer ministro Alberto Otárola durante su presentación ante el pleno del Congreso.
El hallazgo del cadáver se confirmó este martes. En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver el cuerpo sin vida del oficial junto al patrullero calcinado. Tras indicar que “deploraba” este ataque, hizo un llamado “al orden, a la paz y a la tranquilidad de todos los peruanos” y anunció decretado un día de “duelo nacional”, que fue vigente el miércoles.
El policía había logrado comunicarse con sus compañeros y escapar antes de ser alcanzado por la turba. Luego de cometer el ataque, los manifestantes se apropiaron de dos pistolas y de un fusil. Soncco fue el único que no pudo escapar, mientras que su compañero fue internado en la Clínica Americana de Juliaca con heridas en la cabeza.
Las protestas que promueven sectores radicales y gremios campesinos pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones inmediatas persisten este jueves en regiones andinas de Perú, con bloqueos y marchas en un día que se anuncian movilizaciones también en Lima. Se concentran en las ciudades de Cusco, Arequipa, Tacna, entre otras, mientras que en la región Puno, epicentro del movimiento, se prevé el entierro de 17 de las víctimas fatales que perdieron la vida tras choques con las fuerzas del orden.
En Lima un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda convocaron a una marcha por la tarde con la consigna “Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista”. Las demandas son políticas e incluyen el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Carta Magna de 1993 del expresidente Alberto Fujimori, que canoniza la economía de mercado como eje del desarrollo socioeconómico del país.
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