En conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló un conjunto de 20 propuestas de reformas constitucionales enviadas a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación.
Estas iniciativas buscan impactar diversos aspectos clave en la estructura nacional, incluyendo cambios en el sistema de pensiones, salario mínimo, ámbito electoral y el Poder Judicial. Entre las reformas se destacan.
Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas, y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente, consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica, para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten.
Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
Trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
Prohibir el maltrato a los animales.
Proscribir en México la extracción de hidrocarburos mendiante el fracking (técnica de extracción de gas y petróleo del subsuelo) y no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar concesiones para uso doméstico.
Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo; penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva la delincuencia organizada y hacerlo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las factureras.
No permitir (bajo ninguna circunstancia) que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
El salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, policías guardia nacional, marinos, médicos y enfermeras no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social.
Revertir las reformas a pensiones del gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 y la impuesta en 2007 por Felipe Calderón porque afecta a trabajadores del seguro social e ISSSTE.
Garantizar a mexicanos el derecho a la educación y trabajo.
Campesinos contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el Programa Sembrando Vida; los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo de producción para el bioenestar, se mantendrán precios de garantia para alimentos básicos y continuará entrega de fertilizante gratuito a pequeños productores.
Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 kilómetros de vías férreas concesionados en el gobierno de Ernesto Zedillo y destinados a transporte de carga; el Estado estará obligado a garantizar el derecho al acceso a internet.
La reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos; disminución de regidores municipales; evitar uso excesivo de estructuras burocráticas electorales; eliminar candidaturas plurinominales (quedarán sólo 300 diputados y sólo 64 senadores), los consejeros y magistrados electorales serán electos mediante el voto popular.
Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial serán electos de manera directa por el pueblo.
Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, se propone que ésta forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con estricto respeto a los derechos humanos.
Convertir en política de Estado la austeridad republicana; se redactará nuevamente en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente y no se permitirán privilegios en ninguno de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial).
Eliminar todas las dependencias y organismos elitistas supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal.
Con información de SDP Noticias
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