En el Senado de la República se está llevando a cabo un análisis detallado sobre una propuesta de reforma con el objetivo de tipificar como delito al llamado “cobro de piso” y establecer penas de hasta 12 años de prisión para quienes lo cometan.
Esta iniciativa, presentada por la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, representa un esfuerzo significativo para abordar una práctica delictiva que ha generado un clima de temor e inseguridad en el país, según lo expresado por la propia legisladora.
El término “cobro de piso” hace referencia a una forma de extorsión perpetrada por grupos delictivos, donde los propietarios de negocios, establecimientos o propiedades están obligados a pagar una cantidad de dinero periódicamente a cambio de una supuesta “protección” para ellos y sus familias.
En caso de incumplimiento con estas “cuotas”, los delincuentes recurren a prácticas violentas, como señalan diversos informes periodísticos.
Según información proporcionada por Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), alrededor del 69% de los estados mexicanos han reportado casos de “cobro de piso”, lo que indica que esta problemática afecta a más de dos tercios del territorio nacional.
Entre las entidades más afectadas se encuentran Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México (CDMX), Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México (Edomex), Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo. , Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Esta propuesta de reforma busca combatir de manera más efectiva esta actividad delictiva al considerarla como parte de la delincuencia organizada, lo que podría significar un avance significativo en la lucha contra la criminalidad y la protección de los derechos y seguridad de los ciudadanos y empresarios mexicanos.
Créditos: Cuartoscuro
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