El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó la implementación de visitas domiciliarias dirigidas a jubilados y pensionados, con el objetivo de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la correcta declaración de sus ingresos.
De acuerdo con la dependencia, estas visitas se realizarán como parte de los procedimientos administrativos de fiscalización amparados en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, el cual faculta al SAT a presentarse en el domicilio de cualquier contribuyente —persona física o moral— cuando existan razones justificadas para comprobar la veracidad de los datos proporcionados.
La medida deja claro que los adultos mayores no están exentos de la supervisión del fisco, ya que mientras mantengan su estatus de contribuyentes, deberán sujetarse a los mismos procedimientos de revisión que el resto de la población.
Derechos durante una visita del SAT
El SAT recordó que los adultos mayores cuentan con diversas garantías durante el proceso de fiscalización, entre las que destacan:
- Ser informados de manera clara y detallada sobre sus derechos y obligaciones fiscales.
- Recibir la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado, donde se detallan sus garantías durante la revisión.
- Corregir su situación fiscal mediante una declaración normal o complementaria antes de recibir una resolución.
- Solicitar la conclusión de la visita si la autoridad fiscal determina que las obligaciones han sido subsanadas.
- Recibir un oficio informativo que confirme la corrección de su situación fiscal en un plazo no mayor a un mes tras la declaración correspondiente.
Asimismo, se recordó que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 5, fracción II, inciso c, establece el derecho a recibir asesoría gratuita, un apoyo esencial ante cualquier procedimiento de fiscalización.
El SAT recomendó a los pensionados mantenerse informados, conservar actualizados sus datos fiscales y, en caso de recibir una visita, solicitar la identificación oficial de los verificadores y la documentación que acredite la legalidad del procedimiento.
