La mañana del 21 de noviembre de 2024, el Pleno de la Cámara de Diputados reanudó la sesión que aprobó, en lo particular, la extinción de siete organismos autónomos clave, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Tras horas de acalorados debates, el bloque conformado por Morena y sus aliados logró avanzar con su agenda, dejando un panorama de profunda división política y serias preguntas sobre el futuro de la transparencia y la rendición de cuentas en México.
La reforma, inicialmente presentada en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, propone la desaparición de:
Aunque se contempla la creación de un nuevo ente descentralizado bajo la Secretaría de Economía que absorba algunas de sus funciones, los críticos han señalado el riesgo de centralización del poder y opacidad.
El debate en la Cámara estuvo marcado por fuertes confrontaciones. Mientras Morena defendió la reforma como un paso necesario para desmontar el “neoliberalismo” y fortalecer al Estado, la oposición denunció que se trata de un atentado contra la democracia.
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Argumentos de Morena
Los legisladores oficialistas afirmaron que los organismos autónomos servían a intereses de grupos económicos creados durante el periodo neoliberal. Según su postura, su eliminación permitiría un gobierno más eficiente y cercano al pueblo.
“Estamos terminando con un modelo que respondía a poderes fácticos, no al pueblo. Hoy construimos un verdadero Estado nacional”, aseguró un diputado del PT desde la tribuna.
Respuesta de la oposición
Por su parte, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano alertaron que la reforma pone en peligro la transparencia y la competencia económica. Acusaron al gobierno de autoritarismo y de intentar consolidar poder, sacrificando la rendición de cuentas.
“No se puede justificar la eliminación de instituciones clave en nombre del ahorro o la centralización. Es un golpe a la democracia”, sentenció un legislador opositor.
El dictamen será discutido en el Senado, donde Morena buscará mantener la mayoría necesaria para aprobar esta reforma constitucional. Posteriormente, deberá ser avalado por dos terceras partes de las legislaturas estatales.
Una vez concluido el proceso, el Ejecutivo podrá promulgarla y publicarla en el Diario Oficial de la Federación.
La extinción de estos organismos autónomos genera incertidumbre sobre el equilibrio de poderes y la confianza ciudadana en las instituciones. Mientras el oficialismo insiste en que esta es una reforma histórica para mejorar el aparato gubernamental, la oposición alerta sobre los riesgos de centralizar funciones clave en un solo ente.
El desenlace de esta polémica reforma definirá no solo el panorama institucional, sino también el rumbo democrático del país.
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