En el marco del Día Internacional del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo ofreció un mensaje conmemorativo: hizo un anuncio que podría marcar un antes y un después en la historia laboral de México. Desde el Palacio Nacional, en una comida con líderes sindicales y representantes de organizaciones obreras, Sheinbaum declaró el inicio formal de la transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales.
La presidenta enfatizó que este paso no será unilateral ni inmediato, sino producto del consenso social, en sintonía con los principios de la Cuarta Transformación: justicia social, soberanía y democracia.
México ha mantenido una de las jornadas laborales más extensas de América Latina, a menudo sin condiciones ni retribución justas. La reducción a 40 horas semanales responde a una exigencia histórica de la clase trabajadora: más tiempo para la familia, el descanso y el desarrollo personal.
“Siempre es un buen momento para defender a las y los trabajadores de México”, subrayó Sheinbaum.
El gobierno federal abrirá foros nacionales de consulta del 2 de junio al 7 de julio, con participación de trabajadores, empleadores, sindicatos, académicos y organizaciones civiles. Estos espacios serán coordinados por el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños.
“Escucharemos todas las voces, porque esta reforma es de todas y todos”, afirmó.
El eje de esta reforma es el llamado humanismo mexicano: una visión que pone la dignidad humana al centro de las políticas públicas. Bolaños sostuvo que reducir la jornada no implica pérdida de valor económico:
“Reducir las horas de trabajo no disminuye la productividad ni reduce el valor generado. Lo que hace es dignificar la existencia.”
Esta nueva etapa se apoya en logros previos impulsados en años recientes:
Reducir la jornada laboral representa un cambio de paradigma: se busca equilibrar productividad y bienestar. Con ocho horas semanales devueltas a las personas trabajadoras, el Estado aspira a:
“Lo importante es cómo lo vamos a hacer, y que sea por consenso. Que sea un acuerdo que realmente genere mejores condiciones”, señaló la presidenta.
Si bien la transición enfrentará retos —desde resistencias empresariales hasta ajustes operativos— el mensaje es claro: el bienestar de la clase trabajadora es una prioridad nacional.
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