El proceso para elegir al sucesor de Alejandro Gertz Manero comenzó tras la aceptación oficial de su renuncia en el Senado, con 74 votos a favor y 22 en contra. Su salida activa un procedimiento estrictamente regulado por la Constitución y por la normativa interna de la Fiscalía General de la República (FGR), el cual no puede acelerarse ni modificarse por presiones políticas.
Desde este punto, cada etapa se rige por el artículo 205 constitucional, lo que marca una ruta institucional para definir quién ocupará el cargo de fiscal general durante los próximos nueve años. Antes de renunciar, Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy como fiscal provisional, decisión que generó debate inmediato, aunque su función es temporal y limitada a mantener operativa la institución mientras avanza el relevo.
La expectativa pública creció de inmediato, pues el próximo titular de la FGR tendrá en sus manos investigaciones estratégicas, expedientes rezagados y la responsabilidad de fortalecer la autonomía de una de las instituciones clave del sistema de justicia mexicano.
Convocatoria, requisitos y revisión de perfiles
Tras oficializarse la renuncia, el Senado está obligado a emitir una convocatoria pública en un plazo máximo de veinte días. Este documento establece reglas, requisitos y tiempos para que especialistas y juristas presenten sus candidaturas. El abogado Jorge Nader Kuri ha subrayado que la transparencia será crucial para garantizar un proceso legítimo y sin intervenciones políticas.
Los aspirantes deberán ser mexicanos por nacimiento, mayores de 35 años, contar con al menos diez años de experiencia jurídica, tener título en derecho y demostrar buena reputación. Con base en estos criterios, el Senado integrará una lista de diez personas finalistas, cuyos expedientes serán evaluados con rigor técnico y profesional.
Intervención presidencial y votación final
Una vez seleccionada la lista de diez candidatos, el Senado la enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tendrá diez días para elegir una terna. Esa terna regresará al Senado para someterse a votación por mayoría calificada, lo que obligará a construir acuerdos entre distintas fuerzas políticas.
Si el Senado no cumple los plazos, la Constitución permite que la presidenta envíe una terna y nombre a un fiscal provisional; sin embargo, este escenario se considera una última opción. Las discusiones en esta fase serán intensas, pues la designación del fiscal general tiene implicaciones profundas en temas de seguridad, justicia y combate a la impunidad.
Retos para quien asuma el cargo
El nuevo fiscal no solo deberá dirigir la institución: enfrentará la tarea de fortalecer la investigación científica del delito, mejorar la coordinación con estados, garantizar transparencia en casos emblemáticos y recuperar la confianza ciudadana. Organizaciones civiles han insistido en que la próxima administración debe adoptar una visión más abierta, moderna y profesionalizada.
Analistas anticipan una lista diversa de perfiles: académicos, litigantes, exfiscales estatales y funcionarias con trayectoria en temas de seguridad. La persona elegida deberá enfrentar desafíos como el crimen organizado, delitos de alto impacto, relaciones internacionales y la modernización de los sistemas de inteligencia y archivo.
Una decisión que marcará una década
La designación del sucesor de Gertz Manero será uno de los procesos institucionales más relevantes del país. La responsabilidad del Senado será conducir un proceso claro y respetuoso de la autonomía de la FGR. Para la ciudadanía, la expectativa es alta: el nuevo fiscal deberá demostrar independencia, profesionalismo y un compromiso firme con el Estado de derecho.
