El caso de Leyla Monserrat, la adolescente de 15 años asesinada en septiembre de 2025 por quienes consideraba sus “amigas”, ha puesto de manifiesto, una vez más, la profunda descomposición del sistema judicial mexicano.
El próximo 6 de abril Leyla habría cumplido 16. En cambio, su madre, Carmen Angélica Becerra Valencia, enfrenta sola una batalla que comenzó el 26 de septiembre de 2025, día en que le arrebataron a su hija y que, asegura, el sistema de justicia ha decidido ignorar.
El video del crimen existe y las imágenes son fuertes. Llegó de forma anónima a la familia y fue presentado como evidencia ante el juez. En las imágenes se observa a Leyla sentada, con los ojos vendados, convencida de que le preparan una sorpresa. Ríe. Pregunta quién es la persona que van a presentarle.
Mientras una graba, otra habla con tono burlón: “Esta sorpresa que nadie te ha dado… no se te va a olvidar jamás”. Después vino la cuenta regresiva: “¿Estás lista? Uno… dos… tres…”.
Fue en ese instante cuando todo cambió. Detrás de ella apareció el trozo de tela, colocado alrededor de su cuello. Cada una tomó un extremo y comenzó a jalar con fuerza. Lo que segundos antes parecía una broma se convirtió en violencia directa. Leyla intentó reaccionar, buscar aire, entender lo que estaba ocurriendo, pero la presión aumentó. No hubo tiempo para defenderse. En apenas un minuto, la respiración se extinguió mientras todo seguía siendo grabado.
Después vino el silencio. No el remordimiento, sino la decisión de ocultarlo: enterraron el cuerpo en el patio. Mientras tanto, su mamá llegó a casa y notó su ausencia. Empezó a llamarla, a buscarla, a repetir su nombre esperando una respuesta que ya no podía llegar.
Dos días después, el video fue enviado de forma anónima a la familia. La búsqueda terminó de la forma más cruel: no solo encontraron a Leyla, también descubrieron cómo le habían arrebatado la vida.
Según el dictamen forense, la joven fue asesinada por asfixia mecánica. Las investigaciones permitieron identificar la probable participación directa de dos adolescentes de 13 y 15 años de edad.
Sin embargo, la resolución del caso a cargo del Juez Fernando Krimpe Félix, ha indignado al país ya que una de las responsables (Britani) recibió apenas 2 años y 10 meses de cárcel, mientras que la otra (Monserrat) fue beneficiada con 11 meses de “libertad asistida”.
Esta sentencia, amparada en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, es el reflejo de un Poder Judicial desconectado de la realidad, que prioriza tecnicismos legales sobre el derecho a la justicia de las familias destrozadas. Reducir un asesinato premeditado, tortuoso y grabado en video a una “falta administrativa” de menos de un año es enviar un mensaje peligroso: en México, la vida de una mujer joven no vale nada ante los ojos de un juez.
Hoy una de ellas ya está libre. La reparación económica fijada fue de $5,677 pesos, una cifra menor incluso que los gastos funerarios, estimados en alrededor de $30,000. Ahí aparece otra herida: la distancia entre una pérdida irreversible y una sanción que para muchos resulta insuficiente. Porque una sentencia termina en papel. Pero para una madre, la condena verdadera empieza cada día frente a una ausencia que ya no se mueve, no responde y no vuelve. El feminicidio de Leyla no es un caso aislado, sino el síntoma de una metástasis nacional.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sonora se mantiene constantemente en el “top 10” de entidades con mayor tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres. La violencia en municipios fronterizos como Plutarco Elías Calles (Sonoyta) ha escalado ante la inoperancia de las autoridades estatales.
A nivel nacional, México cierra el año con cifras que promedian entre 10 y 11 mujeres asesinadas al día. Lo más alarmante es la tasa de impunidad: más del 95% de los delitos contra mujeres nunca llegan a una sentencia condenatoria justa.
El trabajo de la Fiscalía y los jueces en este caso es una muestra de negligencia institucional. No se trata solo de la edad de las agresoras, sino de la falta de criterios de gravedad y la ausencia de una reforma que realmente castigue la crueldad extrema.
Mientras los magistrados se esconden tras sus escritorios y códigos obsoletos, la familia de Leyla queda condenada a una cadena perpetua de dolor, viendo cómo las asesinas de su hija recuperarán su vida normal en cuestión de meses. La justicia en Sonora no es ciega; es indiferente, lenta y, sobre todo, profundamente injusta.
