La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La acusación presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sostiene que la analista participó en hechos relacionados con el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades tras haber recibido durante dos décadas una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos por la muerte de su esposo, Carlos Márquez.
La audiencia inicial quedó fijada para el 16 de diciembre. Ese día se dará a conocer de manera formal la imputación y se resolverá si existen elementos para iniciar un proceso penal contra Casar y dos personas más. Sin embargo, el delito no está clasificado como grave, lo que permitiría que los acusados enfrenten el juicio en libertad condicional en caso de que el juez determine su vinculación
Cabe recordar que el año pasado, Pemex, dirigido en ese entonces por Octavio Oropeza, denunció a María Amparo Casar por obtener una pensión post-mortem de manera ilícita. Desde enero de 2005, la académica es beneficiaria de la pensionada vitalicia de Pemex, pero en marzo del año pasado la petrolera le suspendió el pago, al considerar que se trata de un cobro indebido, porque su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, no habría fallecido por accidente de trabajo, sino por suicidio.
Además de que sólo colaboró 129 días como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración, del primero de junio de 2004 y al 7 de octubre de ese mismo. Por lo que, Casar Pérez tramitó un amparo en el que se resolvió que el pago de la pensión no se puede suspender unilateralmente por el patrón, una vez que se activó el derecho a percibir estos beneficios del extinto trabajador.
El caso, que ha generado tensiones políticas por el rol de Casar al frente de una de las organizaciones anticorrupción más visibles del país, ahora entra a una etapa judicial que definirá si existieron o no irregularidades en la obtención del beneficio.
Cabe mencionar que este caso se amplifica porque María Amparo Casar es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción (MCCI) una organización de investigación sobre corrupción; el gobierno aprovechó el episodio para cuestionar la credibilidad y el financiamiento de MCCI (por ejemplo, aportaciones de la USAID/Embajada de EE. UU.). Esto convirtió el asunto en una confrontación política entre el Ejecutivo y una ONG crítica del gobierno.
MCCI se consolidó como actor central de la rendición de cuentas durante el sexenio de AMLO, con series de investigaciones sobre contrataciones, uso de recursos y redes de poder, que generaron fricción con el Ejecutivo y con empresas y dependencias señaladas.
Esa visibilidad se acompañó de acusaciones políticas sobre financiamiento y vínculos con empresarios opositores, entre ellos Claudio X. González, lo que elevó la polarización alrededor de sus pesquisas y de sus vocerías, incluida la de Casar.
