El sistema de justicia de los Estados Unidos ha cerrado de forma definitiva uno de los capítulos más extensos e importantes en la historia del narcotráfico internacional. En una audiencia celebrada en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, el juez Brian Cogan dictó una sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa.
Zambada, quien pasó más de cinco décadas prófugo de la justicia sin ser capturado en territorio mexicano, escuchó su castigo definitivo tras haber aceptado formalmente su culpabilidad en delitos graves relacionados con el crimen organizado, lavado de dinero y tráfico masivo de drogas como cocaína y fentanilo.
La resolución judicial de este lunes consolida las peticiones que el Departamento de Justicia de EE. UU. había estructurado tras la detención del capo en julio de 2024:
El abogado defensor de “El Mayo”, Frank Perez, solicitó formalmente al tribunal que se recomiende el traslado de su cliente a una instalación penitenciaria médica debido a un complejo cuadro de salud asociado a su avanzada edad (76 años). La defensa busca evitar a toda costa que Zambada sea enviado a una prisión de máxima seguridad (Supermax), como en la que actualmente se encuentra recluido su antiguo socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Por su parte, los fiscales de la oficina de Brooklyn han manifestado su preocupación. Argumentan que las instalaciones médicas convencionales no poseen los protocolos de seguridad necesarios para evitar que Zambada continúe coordinando operaciones delictivas en el exterior a través de redes leales al cártel.
La resolución de este caso ocurre en un contexto de fricción diplomática entre ambos países. El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene fuertes dudas sobre la soberanía de la detención efectuada en 2024. Zambada denunció haber sido secuestrado en suelo nacional por Joaquín Guzmán López —hijo de “El Chapo”— para ser trasladado a la fuerza en un avión privado hacia Nuevo México.
Mientras las agencias estadounidenses defienden la legalidad del arresto conjunto, las autoridades mexicanas continúan exigiendo informes claros sobre la incursión de operativos extranjeros en su territorio. Mientras tanto, en el estado de Sinaloa, las pugnas internas entre facciones criminales han cobrado alrededor de 2,000 vidas tras la caída del veterano capo.
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