Lo que comenzó como una tierna e inesperada cábala callejera durante el Mundial de Fútbol de la FIFA se ha transformado en una intensa batalla legal de propiedad intelectual. Karla Ivette Gómez, dueña del famoso “Pato Merlín”, acudió formalmente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para solicitar el registro de nombre e imagen del animal, luego de denunciar que terceros y marcas de renombre buscan lucrar con su identidad e incluso utilizarlo para campañas políticas.
A continuación, los detalles detrás de la disputa legal que involucra al personaje más querido de las redes sociales mexicanas:
El Pato Merlín, un ave de dos años de edad que se volvió un fenómeno mundial por pasear con su playera de la Selección Mexicana y calcetas protectoras en la Alameda Central, fue catalogado de forma unánime como la “mascota no oficial” del torneo. Su masiva popularidad provocó que aerolíneas, casas de apuestas y comercios independientes comenzaran a explotar su imagen en publicidad y mercancía sin autorización ni beneficio económico para su familia, quienes se dedican al comercio ambulante.
La alerta máxima se encendió cuando se detectó que un particular originario de Mérida, Yucatán, ingresó de manera externa una solicitud ante el IMPI para registrar los derechos de la marca y logotipo del pato por 10 años, detallando fines comerciales que incluían propaganda para partidos políticos.
La gravedad de la situación llevó a Karla Gómez y a su familia a presentarse en el Palacio Nacional durante la “Mañanera del Pueblo”. En dicho espacio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó los intentos ajenos de registro como “un abuso” y confirmó que el Gobierno Federal brindará asesoría legal y acompañamiento a la familia para blindar la identidad de la mascota.
El IMPI emitió un comunicado aclaratorio informando que ha recibido múltiples solicitudes relacionadas con la marca “Pato Merlín”. La institución enfatizó que el proceso legal apenas comienza y que ninguna de las partes tiene la marca concedida de forma definitiva aún.
De acuerdo con los lineamientos del organismo, el proceso de resolución se dividirá en las siguientes fases bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial:
El trámite completo tomará alrededor de siete meses y el registro final otorgará al ganador la exclusividad de explotación por un periodo renovable de 10 años. Abogados especialistas señalan que la familia Gómez cuenta con una ventaja sustancial debido al principio de uso previo y la notoriedad pública del origen del animal.
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