Lo que comenzó como un reporte de accidente por golpe de calor se ha transformado en un caso criminal que indigna a México. Roxana “N” ha sido vinculada a proceso y permanece en prisión preventiva tras el fallecimiento de su hijo Vicente, un menor que murió víctima de temperaturas extremas tras ser olvidado dentro de un vehículo.
La reconstrucción de los hechos indica que Roxana “N” regresó a su domicilio en el fraccionamiento La Rioja durante la madrugada del pasado fin de semana, presuntamente bajo los efectos del alcohol tras asistir a una reunión. Al descender de su camioneta, olvidó al pequeño Vicente, quien quedó asegurado en su silla de retención infantil.
Fue hasta las 14:00 horas del día siguiente cuando la mujer se percató de la ausencia del niño. Al encontrarlo, el menor ya no presentaba signos vitales. La necropsia reveló que el pequeño falleció entre las 9:00 y 10:00 de la mañana a causa de una hipertermia (golpe de calor); se estima que la temperatura en el interior del auto superó los 45 °C.
La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó pruebas contundentes que agravan la situación de la imputada. Según el análisis forense de su actividad digital, mientras el niño permanecía encerrado, Roxana “N” estuvo activa en redes sociales y consumiendo bebidas embriagantes dentro de su casa, omitiendo por completo su deber de cuidado.
Además, el padre del menor aportó mensajes de texto previos donde la acusada lanzaba amenazas contra el bienestar del niño, mencionando que “él pagaría las consecuencias” de sus conflictos personales, lo que ha llevado a las autoridades a considerar que existió un dolo eventual.
El caso ha desatado una ola de críticas hacia el sistema de justicia familiar. El padre de Vicente denunció públicamente que él ya había advertido a los jueces sobre los problemas de adicción y la inestabilidad de la madre; sin embargo, las autoridades decidieron otorgarle la custodia total a Roxana, ignorando las alertas de peligro para el menor.
Actualmente, Roxana “N” se encuentra recluida en el CERESO de Mexicali. Aunque la pena actual por homicidio por omisión es de 15 años, la Fiscal General, María Elena Andrade, no descarta una reclasificación del delito debido a la evidencia de amenazas previas, lo que podría elevar considerablemente la condena.
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