La libertad de prensa en Puebla enfrenta un nuevo y preocupante episodio. La periodista María Luisa Ruiz se sumó a la lista de comunicadores agredidos o criminalizados en la entidad, tras ser detenida arbitrariamente por elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán.
El arresto ocurrió mientras la reportera realizaba su labor informativa, documentando un operativo policial a través de una transmisión en vivo en redes sociales. En el video se observa a Ruiz grabando el actuar de los uniformados cuando, repentinamente, es intervenida por los agentes.
Derivado de esto, la organización internacional de defensa de la libertad de expresión señaló que este caso representa un riesgo para el ejercicio periodístico en México, especialmente para mujeres y personas adultas mayores.
La periodista, quien refirió que tiene más de 50 años ejerciendo, ya fue liberada, sin embargo, su estado de salud se habría complicado por los malos tratos de los elementos municipales.
María Luisa Ruiz es directora y fundadora del medio “Expresión, Principio de la Comunicación” y se encontraba en el centro del municipio Santiago Miahuatlán documentando un operativo policial. De acuerdo a los videos publicados en la página de Facebook de Ruiz, ella se encontraba en la calle cuando le informaron de dos personas detenidas, por lo que fue a cubrir el suceso.
Al llegar al lugar, los elementos municipales le exigieron acreditación y cuestionaron su labor y procedieron a detenerla y trasladarla a la comandancia, pese a que María Luisa manifestó que efectuaba trabajo periodístico. De acuerdo a lo manifestado por la periodista, sufrió jaloneos, empujones y golpes al ingresar a las instalaciones municipales, además de amenazas de remitirla al Ministerio Público.
El reporte de la organización Artículo 19, la detención fue ordenada por el director de Seguridad Pública municipal, Benigno Valencia Pérez. Los reportes oficiales detallaron que el uso de la fuerza agravó el estado de salud de Ruiz, quien padece hipertensión y diabetes, por lo que fue hospitalizada.
Asimismo, Artículo 19 reporta que para detener a María se utilizó el argumento de la “usurpación de funciones”, por lo que advirtió que condicionar el ejercicio periodístico a la exhibición de credenciales o vínculos formales con medios de comunicación viola estándares nacionales e internacionales.
Recordó además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que exigir acreditación para acceder a actos públicos es contrario a la libertad de expresión y que la definición de periodista debe atender al rol social desempeñado.
En tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera inadmisible la colegiación o autorización estatal como condición para ejercer el periodismo, criterio aplicable a la exigencia de acreditaciones.
#Entérate: Estado de salud de periodista María Luisa Ruiz es complicada luego de ser liberada tras detención en Puebla
— Playaaldia (@playaaldia) January 16, 2026
⛔ La periodista María Luisa Ruiz se sumó a la lista de comunicadores agredidos o criminalizados en la entidad, tras ser detenida arbitrariamente por elementos… pic.twitter.com/xd49HYn7Qy
Tras los hechos, Artículo 19 pidió a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) investigar la detención y las agresiones sufridas por la periodista María Luisa Ruiz. Solicitó además que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas otorgue medidas urgentes y eficaces de protección, considerando las condiciones de vulnerabilidad de la periodista.
En este contexto, la organización exigió al Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán y a su Dirección de Seguridad Pública a garantizar el libre ejercicio periodístico y cesar las prácticas de intimidación y al Gobierno del Estado de Puebla asegurar protección y atención en salud para la periodista, e implementar acciones de no repetición, incluidas capacitaciones obligatorias para policías municipales en libertad de expresión, enfoque de género e interseccionalidad.
Finalmente, solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla dar seguimiento a la queja iniciada de oficio y emitir medidas cautelares.
