Aguakan contempla su salida en medio de litigio por concesión irregular y daño ambiental

El Gobierno del Estado de Quintana Roo ha redoblado su ofensiva legal contra Aguakan, empresa concesionaria del servicio de agua potable, tras detectar múltiples irregularidades en su operación y la prórroga de su contrato. La administración estatal sostiene que la concesión, extendida de manera ilegal en 2014 hasta 2053 y ampliada al municipio de Solidaridad, ha generado un profundo malestar social debido a las constantes deficiencias en el servicio, cobros excesivos y graves afectaciones ambientales.

Desde el inicio de su gestión, el Gobierno estatal ha realizado auditorías técnicas, financieras y sanitarias que han evidenciado anomalías significativas, lo que derivó en denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR). Como resultado, un juez federal determinó que existen pruebas suficientes para acreditar delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero, lo que llevó a la emisión de órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan.

Los estudios también revelaron que el agua potable distribuida por la concesionaria contiene contaminantes fuera de los límites permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas, lo que representa un riesgo crítico para la salud pública. Asimismo, se detectó que las aguas residuales tratadas por la empresa presentan niveles alarmantes de E. coli y coliformes fecales, poniendo en peligro los ecosistemas locales al infiltrarse en el manto freático.

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En medio de la creciente presión legal y social, Aguakan ha sostenido reuniones con autoridades estatales, argumentando que la revocación de la concesión podría afectar las Afores de sus trabajadores. Sin embargo, el Gobierno de Quintana Roo ha sido categórico al afirmar que su objetivo no es adquirir la empresa, sino terminar la concesión de manera definitiva. También subrayó que el litigio contra Aguakan no compromete la inversión privada ni los derechos laborales de sus empleados.

La administración estatal reiteró su compromiso con la defensa del patrimonio de los quintanarroenses, enfatizando que el agua es un derecho humano y no un privilegio sujeto a intereses privados. Bajo los principios de la Cuarta Transformación, el gobierno ha dejado claro que no tolerará la corrupción ni el abuso empresarial a costa del bienestar de la población.