Playa del Carmen.- “Con la recepción de las cuentas públicas de 2019 se contará con la documentación pertinente, para poder iniciar un nuevo procedimiento de pedido de juicio político que ponga en evidencia la corrupción imperante dentro de las autoridades municipales” señaló la diputada Lili Campos durante su participación en el reciente conversatorio sobre Juicio Político, donde explicó el procedimiento y las acciones que se han tomado en el caso de la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain.
Indicó que se han realizado las investigaciones y se continúa recabando la información necesaria para poder comprobar la existencia de sobreprecios, contratos por servicios inexistentes, empresas fantasma y desvío de recursos públicos, entre otros señalamientos que se han hecho en contra del Gobierno de Solidaridad.
“Solidaridad, el municipio que tiene como cabecera la internacionalmente conocida ciudad de Playa del Carmen, tiene hoy infinidad de problemas. La gran mayoría de ellos provocados por un gobierno municipal que está envuelto en múltiples escándalos de corrupción y mal manejo de recursos públicos” sostuvo.
En este sentido reiteró que como Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, no dejó pasar un suceso que afectó el ejercicio y sistema democrático que fue la decisión de las autoridades municipales de Solidaridad de despojar de su cargo y desconocer a la autoridad electa de una delegación municipal.
“Esa actitud que agrede cualquier límite de una vida democrática e institucional fue motivo también de mi pronunciamiento para solicitar juicio político contra la actual alcaldesa de Solidaridad Laura Beristain Navarrete, por privar a un servidor público del cargo por el que fue electo sin tener atribuciones para ello, así como por haber desplegado una conducta permisiva y tolerante sobre los actos arbitrarios del Órgano Interno de Control de su gobierno” Puntualizó
La diputada Lili Campos, en su participación durante este foro virtual, destacó que la justicia triunfa por encima de los intereses políticos, y que cuando un servidor público actúa en contra de los intereses de los ciudadanos, tiene consecuencias legales.
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