En años recientes se han generado ataques armados, enfrentamientos y asesinatos en algunas zonas turísticas e incluso al interior de bares y hoteles. Se difundió hace unos días a través de la prensa nacional e internacional la trágica historia de tres turistas argentinos que fueron agredidos a machetazos en Lagunas de Chacahua, una playa de difícil acceso de la costa oaxaqueña.
Desafortunadamente, una de las víctimas, que fue identificado como Benjamín Gamond, de 23 años, perdió la vida como consecuencia del ataque. Asimismo en días recientes también se reportó el homicidio, en Puerto Escondido, de un turista francocanadiense. Cabe mencionar que hasta ahora, los destinos de la costa oaxaqueña han mantenido una afluencia moderada de turistas, su enfoque principal es sobre todo, a un mercado familiar (en el caso de Huatulco), de surf (Puerto Escondido) y de acampada y aventura en playas de difícil acceso, como Chacahua.
En cuanto a la derrama económica que genera el turismo es algo modesta, en comparación a lugares como Los Cabos, Puerto Vallarta o la Riviera Maya, y el crimen organizado no ha tenido mayor interés en ejercer un control territorial sobre la zona, lo que ha permitido a la comunidad mantener cierta paz, que se vio interrumpida por el asesinato de Benjamín Gamond; un hecho que, por los indicios que se conocen, no se vincula a una lógica criminal de gran escala.
Sin embargo este ataque a los jóvenes argentinos demuestra la vulnerabilidad de los municipios de la costa de Oaxaca, con un enorme déficit de recursos y capacidades institucionales. Si no se establece un modelo para fortalecer la seguridad en los destinos de la región, es probable que, en un futuro no muy lejano, en la costa de Oaxaca se replique la desafortunada experiencia de los otros grandes destinos de playa del país.
Quince años de fracasos en materia de pacificación y seguridad evidencian lo poco que se ha logrado avanzar en este tema, en este contexto, los destinos del Caribe ofrecen una valiosa lección sobre los riesgos que supone la irrupción del turismo masivo, lo que se ha visto como en años recientes se han generado, ataques armados, enfrentamientos y asesinatos, en algunos casos en el corazón de zonas turísticas e incluso al interior de bares y hoteles.
Esta crisis de violencia ha sido, en cierta medida, un reflejo del éxito de la actividad turística, pero también de la actuación negligente de las autoridades locales, que por años solaparon el surgimiento de mafias dedicadas al narcomenudeo y la extorsión en todos los destinos de Quintana Roo. Sólo en los últimos tiempos, y después de incidentes de muy alto impacto, han comenzado a tomarse medidas para recuperar la seguridad en el Caribe mexicano.
Al respecto, el municipio de Solidaridad, mejor conocido como Playa del Carmen, ofrece una experiencia interesante. En contraste con las administraciones anteriores, la actual alcaldesa, Lili Campos, ha impulsado un ambicioso programa de inversión en seguridad. Este esfuerzo permitió incrementar el estado de la fuerza de la policía municipal, que prácticamente se duplicó, así como ampliar de manera significativa el equipamiento de dicha corporación. Igualmente importante, se impulsó un ambicioso proyecto de reordenamiento del principal corredor comercial del destino, la Quinta Avenida, que fue decisivo para fortalecer la capacidad de operación de las autoridades.
Tras años muy difíciles, la seguridad, poco a poco, comienza a regresar a Playa del Carmen. En 2022, con el fin de la pandemia, Solidaridad no sólo logró recuperar la afluencia de turistas, sino que se posicionó como el principal destino turístico del país. El año pasado el destino turístico recibió un millón 300 mil visitantes, significativamente más que Cancún. Sin embargo, el rebote de la afluencia de turistas no ha significado un repunte de la violencia.
En 2022, el crimen organizado asesinó a 90 personas (una cifra todavía preocupante, pero que constituye una disminución de 56 por ciento con relación a 2019, el año previo a la pandemia). Sin embargo, la violencia que se vivió en la Riviera Maya es trágica e implica un enorme daño a la imagen del país. El turismo es una actividad estratégica, crítica para la generación de empleo y la recepción de divisas.
Desafortunadamente, el crecimiento acelerado asociado al turismo, sobre todo en los destinos de playa, también es un imán para el crimen organizado. Para las autoridades locales es sumamente difícil hacer frente a este desafío, y la mayoría se resigna a que la delincuencia controle parte de la economía local.
Si se quiere evitar que la misma historia se repita en la costa de Oaxaca, serán indispensables acciones contundentes por parte de los tres órdenes de gobierno.
Con información de El Financiero
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