Falta en Playa del Carmen un Comité por la regularización de la propiedad rural

La Séptima Regidora de Solidaridad, Luz Elena Muñoz, solicitó a la presidente municipal crear el comité que pide la ley.

Playa del Carmen.- Durante la Quincuagésima cuarta sesión de Cabildo que se llevó a cabo de manera virtual esta mañana, la Séptima Regidora de Solidaridad, Luz Elena Muñoz, exhortó a la Presidenta Municipal, Laura Beristain a crear el comité intersectorial para regularizar la tenencia de la propiedad rural y urbana en términos del Capítulo XVII, artículos 105 al 110 del Reglamento Interno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad.

La Regidora indicó que en términos del artículo 105 del citado Reglamento es facultad exclusiva de la Presidenta Municipal constituir el Comité Intersectorial para que intervenga en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, como los asentamientos de la colonia Colosio, In House, los Sauces, Vida y Esperanza entre otras zonas irregulares ya habitadas.

Tenencia de la tierra, tema olvidado

La Concejal Sugirió que el Comité Intersectorial debe contar con las participaciones de las secretarias principales relacionadas con la atención de los habitantes de los predios, así como la participación de la dirección de Desarrollo Urbano y los regidores que presidan las comisiones de Desarrollo Urbano y Transporte, de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de asuntos indígenas.

La Regidora Luz Elena Muñoz aseguró que es urgente la creación de este comité para cuando intervenga con base a sus funciones pueda dotar a las personas de un patrimonio inmobiliario y así otorgar estabilidad económica y seguridad a la familia que habitan los predios. Lee más de Playaaldia

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Luz Elena Muñoz recordó al pleno del Cabildo que varias administraciones municipales no han querido intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, como el de la colonia Colosio que por mucho tiempo fue utilizada como botín político lo que mantiene a esa populosa colonia en un ambiente de inseguridad jurídica para los más de cinco mil colonos que habitan los predios.