El ex alcalde de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis a pesar de que tiene en su haber 19 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, realiza campaña para reelegirse como diputado federal de la mano de Morena y la candidata a la presidencia municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado.
Y es que aprovechando que goza de fuero federal, Juan Carrillo Soberanis el ex alcalde de Isla Mujeres, continúa siendo objeto de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, instancia que, de obtener una sentencia condenatoria, sí lograría que el hoy diputado federal rinda cuentas ante la ley.
Se debe recordar que son varias las carpetas de investigación abiertas en contra del ex edil isleño, al cual al parecer no le importa ya que su ambición política lo mantiene en caminatas para la búsqueda del voto el próximo 2 de junio con falsas promesas que jamás va a cumplir, tal como lo hizo en el municipio isleño de Quintana Roo.
Morena, en su afán de querer conseguir dominar Solidaridad sin ningún pudor reveló que Juan Carrillo fue electo para que busque la reelección como diputado federal por el Distrito 1, a pesar que son públicos los múltiples presuntos desfalcos a las arcas de Isla Mujeres, los que han derivado en varias denuncias penales.
Además es importante mencionar que el diputado federal, que busca un nuevo periodo con las siglas de Morena-PVEM-PT, ha sido señalado por la Auditoría Superior del Estado por un quebranto financiero de 50 millones de pesos por el pago indebido de obras de alumbrado público, con documentación irregular o faltante.
Sumado a esto, Juan Carrillo Soberanis fue señalado de incumplir con el pago de las prestaciones laborales de sus trabajadores, por 150 millones de pesos, razón por la cual la administración actual de Isla Mujeres a cargo de su compañera de partido Atenea Gámez Ricalde, candidata a la presidencia municipal de Isla Mujeres por Morena, interpuso 19 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en su contra, por el ejercicio indebido de la función pública y un daño patrimonial que asciende a más de 220 millones de pesos.
Con información de NotiCaribe
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