Corría la mañana del sábado 11 de febrero de 2023, cuando un hallazgo estremeció a Solidaridad y el resto de Quintana Roo. Se trataba de cuatro cuerpos sin vida y con signos de violencia apilados en la batea de una camioneta.
Aunque en un inicio reinó el hermetismo, se dio a conocer que los cuerpos hallados pertenecían a empleados de fiscalización de Solidaridad.
Alrededor de las 7:40 de la mañana de aquel estremecedor sábado, una llamada al 911 reportaba una camioneta sospechosa la cual tenía rótulos del municipio de Solidaridad estacionada en la avenida 70 entre la calle 14.
Tras la espeluznante escena hallada por los elementos policiacos, el personal de la Fiscalía General del Estado habría realizado la necropsia de ley a los cuerpos, dando a conocer que las víctimas, quienes además de ser empleados municipales, eran padres, hermanos, hijo, habrían sido torturados y después degollados.
Para el día 13 de febrero, las redes sociales y los medios oficiales daban a conocer los rostros de 10 personas, las cuales fueron presentadas ante el Ministerio Público de Playa del Carmen, por su presunta participación en los hechos.
Fue entonces que los datos comenzaban a fluir y se pudo establecer que las cuatro víctimas eran empleados del área de la Dirección de Cobranza y Fiscalización de la Tesorería del Ayuntamiento de Solidaridad y que en la madrugada del sábado hacían recorridos de fiscalización a varios centros de entretenimiento que funcionan en esa localidad.
Así mismo, días después se logró identificar una zona de búsqueda, por lo cual se hizo un despliegue de agentes de investigación, quienes al llegar al lugar conocido como La Cueva, observaron que diversas personas estaban llevando a cabo labores de limpieza; además, en el exterior del inmueble había manchas hemáticas, motivo por el cual fueron presentadas ante el Ministerio Público y simultáneamente, se solicitó una orden de cateo al órgano jurisdiccional.
“Las víctimas se presentaron en el establecimiento conocido como La Cueva, ubicado en la Colonia Ejidal, para llevar a cabo sus funciones de fiscalización; en el interior del inmueble, fueron privados de la libertad por cinco sujetos y ahí los lesionaron hasta privarlos de la vida con la utilización de armas blancas. Posteriormente, los sacaron del lugar y llevaron los cuerpos en la camioneta en la que se trasladaban las víctimas, la cual fue abandonada en calles de la misma colonia”, detalló la Fiscalía en ese momento.
Tras concluir la audiencia, el juez de control vinculó a proceso a Néstor “A” y José “P”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio de cuatro trabajadores de la Dirección de Cobranza y Fiscalización de la Tesorería del Ayuntamiento de Solidaridad.
Ese mismo día, fueron vinculados a proceso, cinco sujetos más por su probable participación en el delito de encubrimiento en el caso del homicidio de los cuatro trabajadores.
Conforme a la información entregada por las autoridades policiacas y municipales de Solidaridad se habría llevado a cabo la detención del presunto autor material del homicidio de cuatro Fiscales Municipales pertenecientes a la Dirección de Cobranza de Solidaridad ocurrido el pasado mes de febrero del 2023.
La información fue entregada durante la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo en Solidaridad, en donde no se podía dar muchos detalles del caso debido al hermetismo de la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, solo era posible confirmar que las autoridades ministeriales lograron la captura del presunto homicida aproximadamente hace una semana.
“En relación al caso de los fiscales, en coordinación con la mesa de seguridad, la semana pasada fue detenido el autor material de este horrible multi homicidio y eso por el sigilo que debe de manejarse, no pude yo anunciarlo, pero sé que está avanzando y en este caso nos da esa sensación de justicia que merecen estos fiscales, las familias y Solidaridad”, reveló la munícipe.
Aunque se habló de la intención de que las viudas de estos servidores públicos tuvieran una indemnización mucho mayor de lo que la ley ofrece en cuanto a riesgos de trabajo, sin embargo hasta el momento las familias de los funcionarios públicos asesinados continúan en la espera de ese derecho de indemnización.
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