La administración actual pide medidas cautelares para garantizar la reparación del daño al erario de Playa del Carmen
Ante el posible quebranto patrimonial por un monto de trecientos treinta y cinco millones de pesos, la presidencia municipal solicitó medidas cautelares como el congelamiento de cuentas a exfuncionarios de la administración anterior, a fin de garantizar la reparación del daño ocasionado a los solidarenses.
“Vamos con paso firme en este tema, quiero que sepan que garantizaremos la reparación del daño a Solidaridad”, menciono la presidenta Lili Campos, en rueda de prensa en donde dio detalles al respecto.
Mencionó, que las irregularidades detectadas en la cuenta pública del 2019, tienen que ver con la realización de procedimientos de licitación de forma ilegal, abuso de facultades para violar las leyes y la simulación de operaciones o contrataciones, para obtener recursos sin que realmente se haya contratado el servicio, cometiendo posibles conductas que constituyen en delitos como defraudación y peculado.
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— playaaldia (@playaaldia) January 17, 2022
Asimismo, la Dirección General de Control de Gestión de la Contraloría Municipal que encabeza, Eduardo Arreguín Chávez, dio a conocer que gracias a una denuncia se tuvo conocimiento por parte de la presente administración de irregularidades en la cuenta pública del 2020, consistentes en aproximadamente 38 millones de pesos, traducidos en indemnizaciones a empleados de la administración anterior, por casi medio millón de pesos, por lo que se inició la correspondiente investigación para presentar la denuncia ante la Fiscalía del Estado de Quintana Roo.
Finalmente, la administración solidarense dio a conocer que de las denuncias dadas a conocer la semana anterior, cuatro serán presentadas esta semana: La primera por delito de peculado, actos de corrupción y posible asociación delictuosa por catorce millones de pesos, otra denuncia será por la contratación de un despacho para asistencia jurídica cuyos servicios representaron un gasto de treinta y cuatro millones de pesos, otra más derivada de la adquisición de útiles escolares por cerca de más de diez millones de pesos y por último, se denunciará la adquisición de material eléctrico por treinta y dos millones de pesos. Todas ellas sin sustento ni justificación alguna, corresponden a simulaciones realizadas por la administración anterior.
