Ante las dudas surgidas al interior del cabildo de Solidaridad respecto a funcionamiento, así como derechos y obligaciones de la empresa Promotora de Desarrollo Urbano o Playaparq, el representante legal, Diego Gracidas, negó que parquímetros cobre dobles pagos, y recordó que hay obras públicas en marcha gracias a las aportaciones, tal es el caso de la reparación de la Avenida 10 desde avenida Juárez hasta Constituyentes en el centro de Playa del Carmen.
En entrevista, Gracidas indicó que desde un principio los recursos han sido entregados a la administración municipal en turno, independientemente de quién gobierne, y tales son supervisados todos los meses por la Tesorería municipal, a través de la Dirección de Ingresos, donde incluso el municipio cuenta con un modelo espejo en tiempo real para auditar en el momento que así lo requieran.
Usuarios determinan pago
“En ningún momento a la empresa concesionaria, a través de ningún dispositivo, obliga al usuario a realizar pagos en un tiempo ni monto específico más que el autorizado por el Ayuntamiento, a través del título. Es decir, -indicó- que los usuarios son los únicos que deciden y determinan dónde pagar, cómo pagar, y cuánto pagar. Sin que exista una obligatoriedad por parte de la empresa”, expuso el representante de Playaparq.
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Diego Gracidas consideró que funcionarios y regidores deben de ser los principales conocedores, no únicamente del título concesión del servicio público municipal por el Ayuntamiento que representan, sino también de la forma en que el sistema opera a través de las especificaciones técnicas que se aprobó concesionar dicho servicio. Además de estar obligados a conocer la obligación de ambas partes.
Dudas desde la sindicatura
Respecto a las observaciones que realizó en su momento el síndico municipal Adrián Pérez Vera, el representante legal de la empresa consideró que éste, debe hacer valer los derechos y obligaciones tanto del municipio como de la empresa Playaparq, pues periódicamente se incumple constantemente con el título de concesión dentro de las obligaciones que corresponden a las autoridades que representa el síndico.
Diego Gracidas señaló que existen dependencias que atropellan los derechos autorizando entre otros distintos permisos, licencias y autorizaciones sobre espacios concesionados que trasgreden lo convenido por ambas partes y que consta en la concesión firmada por ambas partes. “Es el gobierno municipal el que cobra derechos por dos vías del mismo bien público”, dijo.
Explicó que los funcionaros otorgan de forma mensual a comercios en el primer cuadro permisos no fundamentados claramente en los reglamentos municipales, en el uso y aprovechamiento por parte de comercios para instalar mobiliario sobre espacios concesionados a la empresa de parquímetros, lo que genera que el municipio esté recibiendo un doble pago de derechos.
“La sindicatura otorga licencias de forma irregular por la construcción a edificios, condominios habitacionales y comerciales para la construcción de hasta 30 departamentos sin cochera, en incumplimiento al reglamento de Construcción del mismo municipio, generando así un problema de falta de espacio vehicular para locales, turistas y trabajadores de la zona”, concluyó.
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